La situación de jóvenes vulnerables en centros de acogida es otra vez noticia tras la detención por parte de la Policía de nueve personas acusadas de presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, corrupción de menores, inducción al abandono del domicilio familiar, tráfico de drogas y delito contra la seguridad del tráfico en Alicante.
De las personas detenidas, cuatro son menores de edad y eran quienes trataban de convencer a otras jóvenes para que se fugaran del centro y se iniciaran en el mundo de la prostitución
Tras fugarse del centro, las menores acudían a un domicilio cuyo propietario les ofrecía sustancias estupefacientes y donde las jóvenes trasformaban su apariencia física para parecer mayores y pasar desapercibidas
Más casos
Un informe de Unicef, con más de 300 entrevistas a responsables, educadores y menores, alertaba ya en 2017 de que había casos de explotación sexual en centros de siete de las nueve comunidades autónomas españolas. En el informe anunciaba que “en algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro”.
El caso de Palma, generalizado
En Nochebuena, una chica de 13 años, acogida en un centro de menores de Palma, fue víctima de una violación en la que estaban implicados seis adolescentes y un joven de 19 años. El atestado del caso de 114 páginas, relata el infierno que sufrió la joven tutelada y dependiente de las instituciones gestionadas por Unidas Podemos.
Educadores de los centros de protección denuncian que la prostitución de las niñas acogidas en los centros de protección de menores de la isla está «totalmente extendida», y que en algunos casos llega a la práctica totalidad de las menores ingresadas. Muchas de ellas son captadas por chicos también menores, que las convencen para que se escapen y mantengan relaciones sexuales con adultos para conseguir dinero o droga. Estas prácticas se conocen desde hace al menos tres años, han sido denunciadas reiteradamente por los trabajadores, han sido investigadas por agentes policiales. Y el IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) no ha tomado ninguna medida efectiva para ponerle freno.