Pamplona, 19 feb (EFE).- El Gobierno de Navarra cree que hay «temor» a la verdad en la comisión de investigación que debe determinar si son ciertas las acusaciones de injerencias en la Hacienda foral.

«Parece que hubiera temor», ha dicho en conferencia de prensa el portavoz del Ejecutivo Foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien ha añadido que esta comisión «nace con un vicio importante» porque «ha acomodado los plazos a los de la moción de censura» anunciada por PSN si las acusaciones se confirman y la presidenta Yolanda Barcina no dimite.

Este calendario, ha añadido, «perjudica el objetivo del Gobierno, que es conocer la verdad» y por el que planteó que compareciera ante la comisión el secretario técnico de Economía y Hacienda, responsable de que las actuaciones de esta consejería se ajusten a la legalidad.

Sánchez de Muniáin ha subrayado en todo caso el compromiso del gabinete de «cumplir con todos los requerimientos» que la comisión le haga, y al respecto ha afirmado que tiene «testimonios» y «documento por documento» para demostrar que «todas las actuaciones se han realizado conforme a la legalidad».

Si no fuera así, ha dicho sin querer concretar al ser preguntado por el futuro de la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, «se tomarán las decisiones oportunas», pero también ha subrayado que si las acusaciones resultaran ser falsas, «el Gobierno seguirá con la credibilidad intacta».

Para Sánchez de Muniáin «de momento se está cumpliendo la maniobra política» que anunció el PSN, «supeditando» plazos a la moción de censura, por lo que será «prácticamente la única comisión en la que el investigado tiene más interés en la información que el investigador».

Pese a ello, ha asegurado que «en estos momentos» el Gobierno de UPN no estudia una convocatoria adelantada de elecciones sino que está «centrado en ofrecer la máxima claridad».

Ha añadido además que «algunas acusaciones ya se están desvaneciendo», entre ellas el aplazamiento en la devolución del IVA a las empresas, «perfectamente legal, nada nuevo» en diferentes administraciones y que también se aplicó en 2011, cuando el socialista Roberto Jiménez era vicepresidente del Gobierno de coalición UPN-PSN.

Y para defender este criterio, ayer la presidenta Yolanda Barcina remitió una carta al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acompañada de un certificado técnico después de que éste hubiera dicho que se había actuado «ilegalmente» en esta materia.

«No consta una respuesta» de Rubalcaba a estas horas, ha precisado el portavoz del Ejecutivo foral, quien en todo caso ha acusado a los socialistas de provocar «una crisis» en Navarra.