El Consejo de Gobierno ha acordado destinar 857.000 euros a financiar dos importantes estrategias de la Consejería de Sanidad relacionadas con la promoción de la salud y la protección de los derechos de los usuarios: los planes municipales de drogas y las oficinas de información al consumidor.
Los planes municipales de drogas, cuya convocatoria de subvenciones está dotada con 755.000 euros, constituyen uno de los instrumentos fundamentales de prevención y reducción de daños relacionados con el consumo abusivo de sustancias tóxicas.
Cada año, unos 50 ayuntamientos optan a estas ayudas, que les permiten organizar unas 900 actividades, en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, en las que toman parte más de 50.000 personas. Así, se llevan a cabo alrededor de 70 iniciativas genéricas de prevención dirigidas a toda la población, unos 150 programas para el ámbito escolar, 300 actividades en centros educativos, medio centenar de cursos de orientación familiar y cerca de 300 acciones de ocio alternativo.
Los planes plantean medidas de prevención y promoción de la salud, además del trabajo con familias y menores en riesgo, y el mantenimiento de recursos orientados a la reducción del daño causado por el consumo abusivo de sustancias. Por estos recursos pasan anualmente más de 8.000 personas. En su mayoría, a través de las unidades móviles de reducción del daño y centros de emergencia social, que atienden cada año a unos 6.400 usuarios. Otros 2.000 reciben asistencia en centros de día, centros de desintoxicación, pisos y comunidades terapéuticas.
Todas estas actividades generan unos 150 puestos de trabajo directos, fundamentalmente en organizaciones no gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y empresas del tercer sector que desarrollan su labor en el campo de las adicciones, además de otros 50 empleos en los ayuntamientos que impulsan estos planes.
Por otra parte, el Gobierno apoyará con 102.000 euros los proyectos que realizan las entidades locales en materia de consumo. Por ejemplo, actividades dirigidas al asesoramiento e información de los ciudadanos, tramitación de denuncias y actuaciones inspectoras relacionadas con el control de seguridad de productos y servicios. También financiará necesidades de personal, equipamiento, funcionamiento y, en general, cualquier acción que contribuya a promover la protección de los consumidores y usuarios.
Actualmente, 18 entidades locales han asumido estas competencias mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza de consumo y la creación de una oficina municipal de información al consumidor (OMIC). Se trata de los ayuntamientos de Avilés, Cangas de Onís, Castrillón, Corvera, Gijón, Grado, Lena, Mieres, Nava, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Siero, Tineo, Valdés, Vegadeo y las mancomunidades de Cabo Peñas y Valle del Nalón.