El delator de la red de corrupción en el primer mandato de Lula será encarcelado el lunes


5971536wRío de Janeiro, 22 feb (EFE).- El exdiputado brasileño Roberto Jefferson, quien en 2005 denunció la red de corrupción establecida por ministros del Gobierno del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será encarcelado el lunes, informó hoy la Policía Federal.

La Corte Suprema expidió el pasado viernes la orden de captura del exdiputado, condenado a siete años de prisión, pero ésta sólo llegará el lunes a manos de la Policía, que ha apostado a agentes a las puertas de la casa de Jefferson, en el municipio de Comendador Levy Gasparian, a 135 kilómetros al norte de Río de Janeiro.

Jefferson, expresidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), afirmó hoy a medios locales que se entregará a la policía cuando llegue la orden de prisión.

El exdiputado fue condenado por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, en el marco de esa red de corruptelas tejida por el Partido de los Trabajadores (PT) que él mismo aireó en 2005.

El escándalo de corrupción, que hizo tambalear al Gobierno de Lula, llevó a la condena de 25 políticos y empresarios en un proceso considerado como el «juicio del siglo» en Brasil.

Mediante esas corruptelas, que según el Supremo implicaron el desvío de dinero público, el PT financió campañas electorales en forma ilegal y sobornó a dirigentes de otros cuatro partidos a cambio de su apoyo al Gobierno en el Congreso.

Desde el pasado noviembre el Supremo ha ordenado, de forma escalonada, el encarcelamiento de 20 de los reos, entre ellos el exministro de Presidencia José Dirceu, considerado como el máximo responsable de las corruptelas.

Hasta ahora, todos los reos se han presentado voluntariamente una vez que se dictaron las órdenes de captura, salvo el exdirector del estatal Banco do Brasil Henrique Pizzolato, condenado a doce años de cárcel, quien huyó del país y fue arrestado en Italia hace dos semanas.

Tres de los condenados tuvieron sus penas conmutadas en multas y en la prestación de servicios comunitarios y los dos restantes están en libertad pendientes de apelaciones.