Lima, 9 feb (EFE).- El archivo en Perú de la investigación de 2.000 denuncias de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) ha sido impugnado por organizaciones civiles y ha motivado una campaña de Amnistía Internacional para pedir su revisión.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima archivó en enero pasado los casos de más de 2.000 mujeres esterilizadas forzosamente en los años noventa, a pesar de que la Defensoría del Pueblo presentó los casos de al menos 18 muertes por esas prácticas.

El fiscal Marco Guzmán sólo presentó cargos contra el personal médico que esterilizó, en 1998, a la fallecida Mamérita Mestanza, el único caso en el que el Estado peruano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había violado su derecho a la vida, la integridad personal y a la igualdad de protección ante la ley.

En declaraciones a Efe, la abogada Rossy Salazar, de la organización feminista Demus, dijo que «el fiscal no ha cumplido con las formalidades para hacer un archivo de investigación porque él ha recibido las declaraciones de 500 mujeres y ha tenido que pronunciarse sobre esas denuncias».

Salazar presentó un recurso de queja, al igual que el Instituto de Defensa Legal (IDL), contra el archivo de la Fiscalía porque considera que «hay suficientes evidencias» de la responsabilidad de Fujimori en este caso.

«Este es un crimen de lesa humanidad en la figura de esterilización forzada, pero a nivel interno lo que se tipifica son las lesiones graves en la figura de mutilación e inutilización de un órgano», explicó Salazar.

La representante legal de Demus citó entre las pruebas presentadas el caso las declaraciones de las mujeres de que no autorizaron que les realicen las operaciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) y de que fueron presionadas y chantajeadas por el personal médico de sus comunidades.

Asimismo, Salazar mostró a la Fiscalía «los oficios en los que (el entonces ministro de Salud) Marino Costa Bauer informaba al presidente Fujimori del cumplimiento de metas y los memorándum de los directores generales a los médicos», dando indicaciones sobre la aplicación del AQV.

En un oficio de 1997, Costa Bauer informaba a Fujimori de que, en julio de ese año, se habían alcanzado las 64.831 AQV, lo que representaba el 43 % de la meta de 150.000 fijada para ese año.

Además, la abogada, que representa a una de las mujeres fallecidas, indicó al fiscal las declaraciones de los médicos que señalaban que los presionaban con su despido, si no alcanzaban las metas, o los premiaban.

El recurso de queja está ahora en manos de un fiscal de turno, según explicó Salazar, y esperan que la respuesta sea positiva y que el fiscal superior vea los indicios y formule una denuncia contra Fujimori, que cumple una condena de 25 años de cárcel por violación de los derechos humanos, y sus entonces ministros de Salud.

Para la presidenta del Consejo Directivo de Amnistía Internacional de Perú, Diana Zapata, la decisión del fiscal «es aberrante» porque es «la negación al acceso de los derechos de estas personas».

Zapata dijo además a Efe que se trata de «un tema de discriminación, porque en su gran mayoría eran mujeres indígenas, campesinas, pobres, analfabetas y quechuahablantes que no pudieron dar su consentimiento, pleno, libre e informado antes de sufrir estas cirugías».

Amnistía Internacional promueve una campaña mundial de recogida de firmas «para exigir al Estado peruano que revise la decisión de archivar los más de 2.000 casos de denuncias de esterilización forzada».

«Estamos hablando de un delito de lesa humanidad, si consideramos que hubo una actuación sistemática y contra toda una población y que habría sido una política de Estado», añadió Zapata.

El propio Ministerio de la Mujer exhortó a la Fiscalía y al Poder Judicial a garantizar el debido proceso de las mujeres denunciantes en este caso, pues estaban a la espera de sanciones e indemnizaciones, de acuerdo con la legislación peruana y la internacional.