Buenos Aires, 25 ago (dpa) – Dirigentes del kirchnerismo afirmaron hoy que no se arrepienten de los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) y llamaron a «ganar las calles», luego de que la Justicia apuntara a ambos ex mandatarios como líderes de una «organización delictiva».

«Buscan quebrar al pueblo y a los dirigentes. Buscan arrepentidos por todos lados, pero acá no se arrepiente nadie», declaró el diputado nacional y secretario general de la agrupación juvenil kirchnerista La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque, durante un acto partidario en Buenos Aires.

«Nuestra tarea es organizar la esperanza, es ganar las calles. Hay patria, hay esperanza y hay 2019», sostuvo Larroque en referencia a una posible postulación kirchnerista en las elecciones presidenciales del año próximo.

El legislador fue señalado como uno de los dirigentes que recibió bolsos con dinero en el marco de la supuesta trama de sobornos pagados por empresarios a kirchneristas a cambio de contratos de obras públicas.

El acto realizado por sectores del peronismo vinculados al kirchnerismo tuvo lugar de forma paralela al registro que llevó a cabo la Justicia por segundo día consecutivo de la casa familiar de Cristina Fernández de Kirchner en la villa turística de El Calafate, en la austral provincia de Santa Cruz.

El jueves fueron allanadas las viviendas de la ex mandataria en Buenos Aires y en Río Gallegos, capital de Santa Cruz.

El juez a cargo del caso conocido como «los cuadernos de la corrupción», Claudio Bonadio, consideró en un informe sobre la investigación que en Argentina funcionó «una organización delictiva» conformada por funcionarios públicos y comandada por Kirchner y Fernández.

Estos se valieron «de medios oficiales y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado nacional», señala el informe del juzgado difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Para Bonadio, se obtuvieron indicios que «prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años –cuanto menos–» ex altos funcionarios «efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno».

El informe señala que «previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios (…), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido».

Durante la investigación, fueron detenidas 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, y hay dos personas con pedidos de captura.

Entre los imputados, 17 declararon como arrepentidos, y 15 de ellos firmaron acuerdos que fueron homologados por el juzgado.

La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Centeno, el chofer del ex «número dos» de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos por esta causa.

En ellos, el chofer describió las fechas, las direcciones, los nombres y los montos de dinero de los supuestos pagos de empresarios a funcionarios. Precisó además que el efectivo era entregado en bolsos y llevado en algunos casos a la residencia presidencial oficial, la vivienda particular de los Kirchner u oficinas oficiales.

Tras su difusión, varios empresarios declararon ante el juez como «arrepentidos» y aseguraron que pagaron sobornos, al tiempo que algunos ex funcionarios reconocieron que recibieron pagos ilegales.

La ex presidenta y actual senadora, que afronta además otras investigaciones en su contra, rechazó en cambio todos los cargos y denunció una persecución judicial.