La Habana, 11 ago (dpa) – Desde este lunes 13, fecha en la que Fidel Castro hubiera cumplido 92 años, y hasta el 15 de noviembre los cubanos debatirán el anteproyecto de la nueva Constitución que ya ha desatado división de opiniones.

Una vez analizado en 135.000 asambleas en la isla y con los cubanos residentes en el extranjero, la comisión constitucional cerrará su redacción antes de ser validado en la Asamblea Nacional. El texto final será sometido a referendo el 24 de febrero del año próximo.

El oficialismo asegura que la nueva Constitución es «mucho más avanzada» que la de 1976, modificada en 1992 y en 2002, y que se corresponde con «nuestra realidad, el futuro previsible y las demás medidas que han sido aprobadas en los últimos años».

Los sectores opositores más radicales la califican de «más de lo mismo», cuando no de «fraude», y entre los más moderados destacan su valor porque «abre el juego» a medio y largo plazo.

«Mi pensión es de 240 pesos (11 dólares/9,60 euros) después de trabajar 43 años. Si no suben los salarios seguiremos en lo mismo», comentó a dpa Mario Fernández, de 66 años.

Sonia Jiménez, cuentapropista de 60 años, quiere que «dejemos de robarnos entre nosotro». «No es el Estado el que me vende la malanga podrida como fresca. Quiero que seamos honestos. Eso no lo da la Constitución», dijo a dpa.

Desde la semana pasada se han vendido un millón de ejemplares de la nueva Constitución en toda la isla, 200.000 de ellos solo en La Habana donde viven más de 2,5 millones de personas. La demanda fue tan elevada que Etecsa, la compañía de telecomunicaciones, ofrece su descarga gratuita en la web.

El nuevo texto reafirma el «carácter socialista» del sistema político. En su artículo 5 establece que «el Partido Comunista de Cuba (PCC), único, martiano, fidelista –esto es nuevo- y marxista-leninista (…) es la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado».

Asimismo trata de adaptarse a los cambios de los últimos años, aunque no tanto como muchos quisieran. «Solo refleja las ideas del PCC, no de una nación, al no aceptar la competencia partidista en política», critica el líder opositor Manuel Cuesta Morua.

Sin embargo, el también historiador destaca a dpa «que lo interesante es que abre la puerta a las uniones del mismo sexo, fomenta la institucionalidad y, además, el Gobierno acepta la propiedad privada, con un matiz político nuevo: el reconocimiento claro y pleno de que no se puede eliminar la propiedad privada si se quiere mantener el comunismo».

Además, Cuesta Morua considera que «abre el juego político» a medio y largo plazo. Ellos ya trabajan planteando en mesas «quién detenta la soberanía ¿el PCC o los ciudadanos?».

Por su parte, Arturo López–Levy, experto cubano en temas latinoamericanos e internacionales que reside en EEUU, declaró a dpa que la Carta Magna «se queda corta» según estándares internacionales, pero tiene «importantes consecuencias» para la gente y la estabilidad del PCC.

Según él, anticipa la relajación de controles «al punto de que se sientan poco y sean aceptados por nuevos empresarios, homosexuales liberados, religiosos con libertad de culto, y burócratas con aspiraciones de ascenso».

Para López-Levy el éxito de la reforma se medirá si «genera crecimiento», imposible de alcanzar «sin mayor descentralización, expansión del sector privado, incluida la inversión, tanto nacional como extranjera, reforma del sector público e integración entre este y las entidades no estatales», dice.

En esta Constitución López-Levy ve «un parteaguas» y estima que «la típica interferencia totalitaria en la vida privada diaria de muchos cubanos se reducirá».

Además considera que con la descentralización la política local se hará «menos ideológica y más abierta a una participación menos controlada, liberalizando un grupo de decisiones y opciones relevantes a la vida diaria de los cubanos en términos de vivienda, transporte, trabajo y alimentación».

Para López-Levy la unificación de la presidencia de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, y la presidencia y primer ministro del Gobierno «se redefinen hacia una separación de funciones» combinando el «liderazgo jerárquico en torno al presidente y al rol dirigente del PCC, pero más colectivo y tecnocrático en lo referido a la administración del Estado».

«Todo eso como conjunto representaría una nueva relajación en el grado de penetración totalitaria del Estado-partido en la sociedad que la revolución trajo aparejada, aun cuando fundamentalmente repare y mantenga los mecanismos de dominación unipartidaria», concluye.

Por Milagros López de Guereño (dpa)