Managua, 20 sep (dpa) – Miles de empleos perdidos, negocios en crisis, un descenso severo del turismo internacional, pérdidas millonarias y un retroceso de tres años reportó hoy la industria turística de Nicaragua, que demandó al Gobierno una salida negociada al conflicto político como requisito para la recuperación del sector.
El turismo, el rubro más golpeado por la estampida de visitantes tras el estallido en abril de las protestas antigubernamentales, perderá este año unos 500 millones de dólares y estará lejos de alcanzar los 840 millones percibidos en 2017 y los proyectados 1.000 millones para 2018, dijo este jueves la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
A cinco meses de iniciada la peor crisis política del país, el sector sufre la pérdida de 60.840 plazas de trabajo -la mitad de su fuerza laboral-, mientras unos 16.000 colaboradores se encuentran en el limbo tras «negociar» con los empresarios sus empleos, afirmó Lucy Valenti, presidenta de Canatur.
Esto es debido a que un 87 por ciento de alojamientos, restaurantes, bares y tour operadores «quedó en sobrevivencia» como consecuencia de un descenso del 63 por ciento del arribo de turistas internacionales procedentes en su mayoría de Estados Unidos, Canadá y España, añadió.
Valenti señaló que en 2018 proyectaban recibir unos 2 millones de extranjeros, pero ahora «solo están llegando personas por negocio, no es el turismo vacacional que pasa más tiempo y gasta más». Ese tipo de turista «es prácticamente inexistente en este momento», lamentó.
Como solución a la crisis la titular de Canatur señaló como «determinante» la «recuperación del clima de seguridad, más gobernanza y menos acciones de opresión y de violencia» por parte del Gobierno, al que sugirió retomar el diálogo nacional suspendido. A esto debería seguir una campaña millonaria post-crisis para recuperar la imagen que Nicaragua se había forjado en los últimos 28 años.
Mientras, medios locales informaron hoy que el relator para los privados de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, abandonó este jueves Nicaragua sin conseguir visitar las cárceles ni constatar la situación de los manifestantes apresados por el Gobierno.
Hernández, que llegó como parte del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la misión que la CIDH mantiene en el país por autorización del Gobierno de Daniel Ortega, se marchó sin ser recibido por las autoridades y sin poder entrar a las cárceles de El Chipote, La Modelo (varones) y La Esperanza (mujeres), donde el Gobierno reconoció tener recluidos a al menos 201 manifestantes opositores, a los que acusa de terrorismo y otros graves delitos.
Antes de abandonar el país, Hernández dijo que únicamente logró obtener «testimonios muy dramáticos de la situación de los privados de la libertad, la manera en que fueron detenidos, las condiciones en las que se encuentran en las prisiones y la manera en que se están realizando los juicios», de familiares de los reos, abogados y organizaciones de la sociedad civil.
«No tuvimos autorización para poder visitar las prisiones. Tampoco hubo respuesta para poder reunirnos con las autoridades», dijo el relator, quien lamentó que se perdiera una «buena oportunidad para poder contrastar información y conocer las políticas que está siguiendo el Gobierno para la atención de este grupo (manifestantes) de detenidos».
Sobre las denuncias de torturas, el funcionario de la CIDH expresó: «Al no tener contacto con los detenidos toda nuestra fuente de información son los familiares».
En tanto, hoy el Gobierno desafió una vez más a la Iglesia católica -con la que está confrontada- al celebrar por cuenta propia las principales fiestas religiosas de Masaya, ciudad símbolo de las protestas contra el presidente Ortega y en duelo por los fallecidos en las protestas.
Sin embargo, este jueves, por primera vez en décadas, en Masaya, vecina a la capital, imperó el silencio y no la fiesta con la que sus siempre alegres y bulliciosos habitantes inician tres meses de celebraciones en honor a San Jerónimo.
Las calles desoladas fueron hoy la respuesta de los ciudadanos a la procesión apócrifa organizada por la alcaldía sandinista de la ciudad y que retó el llamado de los religios a «conmemorar» a San Jerónimo en «austeridad y recogimiento» en señal de duelo por los 35 manifestantes fallecidos, detenidos o desaparecidos en Masaya durante las protestas, según ONG locales de derechos humanos.
Para el sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel Arcángel, la intención oficialista de festejar es «una burla a Masaya», más aún cuando la ciudad continúa bajo el asedio de paramilitares afines al Gobierno. «¿Cómo van estar bailando sobre la sangre de los muertos?», se preguntó.
El país vive desde el 18 de abril su peor crisis política en las últimas décadas, que ha cobrado la vida de 481 personas, en su mayoría jóvenes manifestantes, por la acción policial y paramilitar, según ONG de derechos humanos. El Gobierno reconoce 198 decesos.
Por Johnny Cajina (dpa)