(Europa Press) – El Parlamento de Costa Rica ha aprobado este martes con 33 votos a favor y trece en contra la legalización del uso del cannabis con fines medicinales y terapéuticos y la del cáñamo para alimentación e industria, según ha confirmado el organismo a través de un comunicado.
La Asamblea Legislativa ha destacado en su comunicado que «la iniciativa pretende regular y permitir el acceso y la utilización del cannabis y sus derivados exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, a fin de garantizar el derecho fundamental a la salud de toda la población costarricense».
Asimismo, ha subrayado que otros objetivos son «autorizar la producción, industrialización y comercialización del cáñamo de uso industrial y alimentario» y «promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza en las zonas rurales» de Costa Rica.
«El Estado costarricense, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Salud, cada uno en el ámbito de sus competencias, asumirá el control y la regulación de las actividades de producción, la industrialización y la comercialización», ha manifestado, antes de agregar que ello será «sin prejuicio» a lo dispuesto en la ley sobre estupefacientes, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
De esta forma, ha detallado que «las personas físicas y jurídicas que se dediquen a estas actividades deberán inscribirse en un registro y tendrán la obligación brindar a las autoridades competentes la información requerida sobre su actividad, según las especificaciones técnicas definidas en el reglamento de esta ley».
«Las fincas de cultivo de cáñamo y los establecimientos de almacenamiento, industrialización y comercialización de este producto y sus derivados estarán sujetos a inspección y fiscalización periódicas por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Seguridad y el Instituto Costarricense sobre Drogas en el ámbito de sus competencias», ha agregado.
La Asamblea Legislativa ha apuntado además que la ley permite también la exportación a países «donde se permite el comercio lícito de estos productos» y ha reseñado que «el Poder Ejecutivo creará y regulará, mediante el reglamento de la presente ley, un sistema de trazabilidad o rastreabilidad que permita identificar el origen lícito» de estos productos.