La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha advertido en comisión parlamentaria del «perjuicio económico» que va a provocar la decisión del Gobierno central de derivar a las comunidades autónomas la sanción de 262,8 millones de euros que le impuso la Comisión Europea en relación con las ayudas en zonas de pastos. El acuerdo de trasladar su pago, adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de febrero, afecta a once regiones. En el caso de Andalucía, la Junta tendría que hacer frente a la devolución de 63,7 millones de euros.

La sanción de Bruselas se debe a que el Gobierno traspasó a la normativa estatal, de forma tardía e inadecuada, el coeficiente reductor que determina las superficies admisibles de pastos excluyendo terrenos no productivos como los formados por rocas o matorral denso. El Ejecutivo central descarga en las comunidades la responsabilidad por este error, referido a las campañas entre 2009 y 2013, y pretende descontarles los importes en un plazo de dos meses si se niegan a asumirla.

Para Carmen Ortiz, esta determinación «va a traer graves consecuencias para los contribuyentes andaluces», ya que podría acarrear el bloqueo de los envíos de fondos con la consiguiente imposibilidad de abonar 1.400 millones de euros de ayudas directas a más de 260.000 agricultores y 90 Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. Además, ha explicado que entraña el riesgo «de que la devolución de esta cantidad tenga que hacerse a costa de tocar partidas tan sensibles y prioritarias como son la educación, la sanidad o los servicios sociales».

Por este motivo, ha explicado la consejera, «vamos a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, además de solicitar la suspensión cautelar de la ejecución del procedimiento». Esta iniciativa cuenta con el respaldo unánime de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.

La representante del Gobierno andaluz ha insistido en que esta corrección financiera que exige la Unión Europea es «consecuencia de haber aplicado una normativa básica nacional que, según la Comisión, no es adecuada, por lo que debe ser asumida por la Administración General del Estado».

Cotitularidad de explotaciones agrarias

Por otro lado, Carmen Ortiz ha reclamado que el Gobierno central ponga en marcha medidas de acompañamiento, por ejemplo de tipo fiscal, que hagan «más atractiva la figura de la titularidad compartida, reforzando los beneficios que comporta y minimizando los costes que conlleva». La titularidad compartida de las explotaciones agrarias supone un descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social, el reparto al 50% de los rendimientos y ayudas agrarias, acceso a pensión contributiva para ambos titulares y prioridad en el acceso a determinadas subvenciones. Asimismo, conlleva también el pago de las cuotas de la Seguridad Social de las dos personas que comparten la titularidad.

Carmen Ortiz ha destacado también la necesidad de «promover un verdadero cambio de actitudes» para avanzar en la «igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres» a través de una apuesta clara por la cotitularidad como «la fórmula que proporcionará el reconocimiento jurídico y la visualización formal a la función que las mujeres vienen desempeñando en las explotaciones agrarias».

La consejera ha explicado que durante las dos últimas décadas, Andalucía ha impulsado numerosas actuaciones dirigidas a acabar con la brecha de género en el campo, la agroindustria y el sector pesquero. Entre otras, ha destacado la aprobación del modelo de declaración de titularidad compartida de explotaciones agrarias para inscribirse en el registro estatal y la difusión de material divulgativo al respecto entre las mujeres que habitan las zonas rurales. La titular de Agricultura ha lamentado que sin embargo, pese a la amplia difusión realizada, en los años posteriores sólo se interesaron por realizar este trámite un número muy reducido de mujeres.

Carmen Ortiz ha recordado también que con el fin de continuar avanzando para que la igualdad de las mujeres en el medio rural sea una realidad, la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de enero el I Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres en la Actividad Agraria y Pesquera de Andalucía, Horizonte 2020. Además, la Consejería de Agricultura está tramitando el Decreto de Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (Reafa), que se encuentra en tramitación muy avanzada e integrará los registros de la Cotitularidad y el Vitícola.