Apyterewa (dpa) – Sostienen arcos y flechas adornados con plumas en las manos y la mirada hacia adelante: los dos guerreros del pueblo Parakanã, en la cuenca del Amazonas, inspiran un profundo respeto.
Y eso es lo que buscan. A fin de cuentas, cada vez enfrentan a más intrusos en la reserva indígena de Apyterewa, en el estado de Pará, en el norte de Brasil: buscadores de oro, leñadores y grandes agricultores que llegan atraídos por la tierra y sus riquezas.
Los guerreros están sentados en la parte delantera del bote que recorre veloz el río Xingú. El objetivo: un puesto de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), organismo estatal brasileño encargado de la protección de los indígenas. Van hacia allí para denunciar nuevos casos de invasión de su territorio.
El fenómeno de la toma de tierras en la enorme cuenca del Amazonas, rica en materias primas, no es nueva en la economía más grande de América Latina, con sus alrededor de 215 millones de habitantes.
También gobiernos anteriores, sobre todo la dictadura militar (1964-1985), lanzaron proyectos que desplazaron a miles de personas -indígenas y otros grupos poblacionales- de sus lugares de origen ancestrales.
Pero con la victoria del derechista Jair Bolsonaro, quien fue elegido presidente de Brasil en octubre de 2018, los planes para el desarrollo económico del pulmón verde tomaron súbitamente otras dimensiones.
Ya cuando era diputado, Bolsonaro consideraba que las reservas indígenas eran demasiado grandes. En la campaña, el ex militar dijo que no quería que los indígenas tuvieran «ni un centímetro más» de reservas y que iba a hacer verificar las llamadas tierras indígenas, que en su opinión ocupan el 15 por ciento del territorio del país.
Muchos entendieron estas palabras como un permiso y se sintieron alentados para explotar más recursos naturales. La deforestación del Amazonas aumentó incluso durante los meses de su campaña a la presidencia.
El ataque de Bolsonaro desató la alarma internacional porque la cuenca del Amazonas, que abarca a varios países, es de importancia global por su capacidad para absorber CO2.
La mayor parte de esta zona selvática se encuentra en Brasil, una superficie más grande que Europa occidental, de acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).
«Lo nuevo de esta situación es ahora que los puestos destinados a la protección y al control perdieron influencia», dice Luís de Camões Lima Boaventura, fiscal para la región alrededor de la ciudad de Santarém, en el estado de Pará.
De forma significativa, la primera medida de Bolsonaro fue, tras asumir el Gobierno el 1 de enero, quitarle a la FUNAI la potestad de crear nuevas reservas indígenas y se la otorgó al Ministerio de Agricultura.
El poderoso lobby agrario probablemente cantó victoria. Sobre todo quienes cultivan soja necesitan cada vez más tierras en el enorme país, que ocupa casi el 50 por ciento de la superficie de Sudámerica.
Bolsonaro causó conmoción en la campaña con discursos de odio contra homosexuales, mujeres y afrodescendientes, pero el enojo de muchos electores con la extendida corrupción entre los políticos y la creciente violencia lo llevaron a la victoria.
Ahora, en medio de una depresión económica, la flexibilización de la posesión de armas por decreto y los primeros escándalos en su Partido Social Liberal (PSL), Bolsonaro obutvo el peor nivel de valoración desde 1990 para un presidente en su primer mandato.
De acuerdo con una encuesta del instituto Datafolha, al cumplirse los primeros cien días de su gestión, el 30 por ciento de las personas valoraron a Bolsonaro y a su Gobierno de forma negativa.
«Observamos como ya ahora los derechos anclados en la Constitución de 1988 retroceden uno a uno», afirma Markus Löning, el ex encargado de Derechos Humanos del Gobierno alemán, que asesora a empresas que invierten en el extranjero sobre la situación de derechos humanos en Brasil.
En esa Constitución, con la que Brasil retornó a la democracia, se le garantizaban también a más de 300 pueblos indígenas amplios derechos para preservar los lugares en los que viven y su cultura.
También los descendientes de esclavos así como los habitantes a las orillas del río deben temer ahora más que nunca por su hábitat en el Amazonas. En la lucha por la tierra se suelen trucar títulos de propiedad, advierte Jucelino Oliveira Farias de la Comissão Pastoral da Terra, una organización de la Iglesia católica de Brasil.
«De la apropiación de tierras se benefician sobre todo empresarios y grandes agricultores y sólo una parte muy pequeña de la población», dice el fiscal de Camões Lima Boaventura.
La situación trae aparejada mucha violencia, criminalidad, la destrucción de las familias y grandes daños al medio ambiente. Europa puede influir mucho en ello debido a que es un gran importador de madera. «Una solución sería que las empresas prestaran más atención a si los productos son fabricados legalmente», afirma.
El bote de los Parakanã alcanza después de varias horas de viaje el puesto de FUNAI. Pero no llegan a hacer la denuncia. «El jefe de FUNAI conoce la situación», opina Kawore Parakanã, un portavoz de los indígenas. «Pero no hace nada debido al nuevo Gobierno. Antes era distinto», se lamenta.
Durante el regreso a su pueblo, otro indígena sube a una de las balsas de los buscadores de oro que contaminan el río con mercurio. Kawore Parakanã les dice que abandonen el territorio. ¿Y si se quedan? «Entonces les digo nuevamente mañana que tienen que desaparecer».
Por Angelika Engler (dpa)
Foto: Werner Rudhart/dpa