La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido que Andalucía se opondrá a que los objetivos de déficit y deuda pública para el periodo 2018-2020 que fijará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «supongan más ajustes que afecten a sanidad, educación y dependencia». Además, la consejera ha rechazado «cualquier restricción» que afecte a los andaluces y a la financiación de los servicios públicos esenciales.

Montero ha trasladado la posición del Gobierno andaluz ante la reunión del CPFF que establecerá la senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2018-2020, donde defenderá que no se produzcan más ajustes en el déficit de las comunidades autónomas. En este sentido, ha señalado que confía en que se mantenga el objetivo de déficit estable en el 0,6%, tal y como sucedió en los ejercicios de 2015 y 2016, que permaneció invariable en el 0,7%.

La consejera ha lamentado que el Gobierno central puede imponer los objetivos «que entienda más cómodos para su propia gestión», ya que tiene la mitad de los votos en el CPFF, «algo totalmente injusto para los ciudadanos». No obstante, ha considerado que «el planteamiento de las comunidades autónomas dentro de la reunión es bastante común, salvo algunos matices, porque todos plantean que educación y sanidad permanezcan inalterables».

Montero ha señalado que en las reuniones del CPFF, los gobiernos autonómicos «siempre somos conscientes de que estamos en representación de nuestros territorios y cada uno lleva el planteamiento de su gobierno, pero habitualmente coincidimos en los planteamientos», al margen del signo político, «porque hablamos de los derechos de los ciudadanos». «Es fácil ponerse de acuerdo en que no haya más ajustes en los servicios públicos fundamentales», ha subrayado.

La consejera ha recordado que Andalucía viene reivindicando en los últimos años que el reparto del objetivo de déficit se haga en función de las políticas que hay que aplicar, apuntando que las comunidades autónomas «soportan el 32% del gasto público pero sólo disfrutan de un 19% de flexibilidad del objetivo de déficit», de forma que las políticas educativa, sanitaria o bienestar social se ven perjudicadas en ese «reparto arbitrario, opaco y falto de transparencia.

Montero ha abogado por revertir esta situación que permite que el Gobierno disfrute de un superávit de los ayuntamientos de 7.000 millones de euros, según las cifras del Ministerio, y que repercute en un objetivo de déficit «más cómodo para el Gobierno de España».

Financiación autonómica

La consejera también se ha referido a que en el orden del día del CPFF no se ha incluido «sorprendentemente» ningún punto referido al modelo de financiación autonómica, por lo que la Junta lo planteará en el apartado de ruegos y preguntas. En este sentido, ha subrayado que «si la sanidad, educación, dependencia o política de vivienda son la garantía de igualdad para los ciudadanos, no se puede seguir apretando a las comunidades autónomas, y sobre todo en un momento en que el Gobierno no ha cumplido con sus palabras de que tuviéramos con un nuevo modelo de financiación autonómica que nos permita tener mayores ingresos y acompasar el crecimiento económico con la reducción del déficit».

Montero ha defendido que «si no hay recuperación de las familias, si no llega a ellas y éstas no lo notan, no se puede hablar de recuperación económica». «Nuestro planteamiento es razonable, ha manifestado, «no toca seguir ajustando al cinturón a las comunidades autónomas», ya que son las que prestan los servicios fundamentales y «si siguen soportando el peso del objetivo de déficit, nadie se va a creer que esa recuperación económica va a repercutir en las clases medias y clases trabajadoras, que son las que han llevado a pulmón el peso de la crisis».