Ahora Madrid se une al ‘Manifiesto de Oviedo’

fotonoticia_20161019132831_800Ahora Madrid se ha unido al ‘Manifiesto de Oviedo’, un documento que pretende poner en la agenda política el debate sobre “la necesidad de abrir un proceso de auditoria ciudadana de la deuda” y logra un nuevo marco legislativo “que avance hacia un nuevo municipalismo”.

Hoy se ha presentado el ‘Manifiesto de Oviedo’ en el Congreso de los Diputados. El delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha estado en la presentación y ha señalado la necesidad de crear un nuevo marco legislativo para un nuevo municipalismo, “que ponga el centro de la política a las personas”.

El Manifiesto de Oviedo lo firman, a estas horas, más de 600 cargos públicos entre las que se encuentran las de más de 25 alcaldes y alcaldesas, como el de Cádiz, José María González ‘Kichi’; el de Zaragoza, Pedro Santisteve; la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater; concejales de las principales ciudades, como Carlos Sánchez Mato (Madrid), Roberto Jaramillo (Valencia), Julián Moreno (Sevilla) o Ana Taboada (Oviedo); diputados autonómicos como Raúl Camargo o Lorena Ruiz-Huerta (Madrid), Antón Sánchez (Galicia), Pablo Echenique e Ignacio Escartín (Aragón), o Teresa Rodríguez (Andalucía); diputados de Unidos Podemos como Rafa Mayoral o Alberto Garzón, así como los eurodiputados Miguel Urbán, Lola Sánchez o Marina Albiol.

Ahora Madrid se ha unido así a otras organizaciones políticas y movimientos sociales en la denuncia de un artículo 135 y la llamada ‘Ley Montoro’, “que ahogan a los municipios y constriñen la autonomía local”.

“Las luchas de los movimientos sociales, como la que encabeza la Plataforma por una Auditoria Ciudadana de la Deuda, frente a las políticas que nos han condenado en lo local, incluyen propuestas alternativas para enfrentar el endeudamiento, poniendo el énfasis en la necesidad de abrir un proceso de auditoría para poder abrir el debate político”, señala la candidatura municipalista.

El principal objetivo del Manifiesto de Oviedo es “colocar en la agenda política y mediática la gravísima situación financiera y social que atraviesa la gran mayoría de municipios debida a la deuda que recae sobre muchos de ellos y a la imposibilidad de hacer políticas sociales o de inversión debido a las restricciones impuestas por el Gobierno central”.

El MANIFIESTO

“Nosotra/os, concejala/es, diputada/os, activistas y ciudadana/os, conscientes de la necesidad de un verdadero cambio en las políticas, desde municipales hasta estatales, rechazamos el endeudamiento ilegítimo y la austeridad que impiden garantizar derechos, servicios de calidad y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos”, comienzan.

También aseguran que la socialización de las pérdidas que supuso el rescate a la banca española –disparó la deuda y el déficit en 2012–, “se sigue promoviendo con medidas como el Plan de Pago a Proveedores (FFPP) de los ayuntamientos o el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que lejos de servir a los intereses generales, en realidad a quien ha servido es a los bancos, convirtiendo deuda comercial en deuda financiera y aplicando a las Administraciones Públicas unas tasas de interés abusivas hasta 26 veces superiores a las que el BCE aplica a las entidades financieras”.

“Tanto en los ayuntamientos y comunidades sobreendeudados por obras faraónicas e inútiles, pelotazos urbanísticos, sobrefacturaciones, sobornos y todo tipo de corruptelas, como en administraciones en principio saneadas, el Plan de Pago a Proveedores y el FLA han inflado la deuda pública de manera ilegítima”, añade el manifiesto.

“Llevamos desde 2010 soportando unos salvajes recortes económicos y de derechos. En el último año, el Gobierno, pese a estar en funciones, ha seguido aplicando la austeridad impuesta desde la UE, con especial saña hacia ayuntamientos, que son las corporaciones más cercanas a la población, y CCAA, encargadas de cubrir necesidades básicas como la Educación o la Sanidad, aunque son las Administraciones Públicas menos endeudadas (un 3,2% y un 24,9%, respectivamente, en comparación con el 88% de la Administración Central). El total de la deuda pública en el segundo trimestre de 2016 alcanzó el 101% del PIB, según el Banco de España, al 13 de octubre de 2016”, han proseguido.

Por todo ello, los firmantes del Manifiesto de Oviedo exigen un “cambio radical de la política de asfixia financiera aplicada por el Gobierno Central hacia ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CCAA)”, con la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución de 2011, la de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

También reclaman la devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados, el cese inmediato de los recortes y la austeridad, “revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas”.

Asimismo, se comprometen a apoyar la constitución de un frente formado por los municipios y las comunidades autónomas “que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su anulación; un frente que permita romper el aislamiento y la fragmentación, que permita tomar iniciativas para cambiar de manera favorable la correlación de fuerzas respecto al Gobierno; un frente donde los municipios fuertes brinden apoyo a los más débiles y más afectados por las deudas ilegítimas, para tomar iniciativas y llevar a cabo acciones para liberarse del yugo de la deuda ilegítima y que permitan encontrar financiación legítima para garantizar a la ciudadanía el gozo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”.

“Deben iniciarse procesos de auditorías con participación ciudadana de la deuda de nuestras Administraciones Públicas y reclamar la anulación de las deudas identificadas como ilegítimas que hayan favorecido al interés particular de una minoría privilegiada y en contra de los intereses de los ciudadanos”, concluye el Manifiesto.

 

 

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