El caso se está dirimiendo en el Juzgado de Oviedo, donde las pesquisas policiales apuntan a un entramado similar a una organización criminal
El peso de las diligencias recae sobre el Juzgado de Instrucción nº3 de Oviedo, mientras que las defensas de los encausados son ejercidas por algunos de los mejores abogados penalistas del país, conociéndose que uno de los implicados ha contratado los servicios de Ospina Abogados, despacho penalista con sede en Madrid.
LOS HECHOS
Una inspección realizada a primeros de agosto del año 2022 por el Seprona de la Guardia Civil, tras una denuncia anónima, determina el estado de riesgo sanitario que presentaba un almacén de distribución de vinos y reutilización de botellas de vidrio en la localidad asturiana de Llanera.
Los agentes, acompañados por inspección sanitaria, visitaron en tres ocasiones las instalaciones, las cuales presentaban no solo un estado sanitario insuficiente, lleno de moho y con fuertes olores a putrefacción, sino que el producto que allí se almacenaba para su posterior distribución estaba caducado, sin trazabilidad y en mal estado. Las actas levantadas en el lugar son incapaces de determinar ni tan siquiera el origen de gran parte del vino, registrado mediante un confuso sistema en base a un Excel y sin tener etiquetados los depósitos que contenían el producto. Algunos de ellos ocultos por los gestores para que no se descubriesen los miles de litros de vino caducado con los que rellenaban las botellas que posteriormente distribuían.
LOS IMPLICADOS
Sobre la empresa también pesa una denuncia por los vertidos ilegales de productos químicos, sosa caustica y el resto del lavado de las botellas al sistema de saneamiento general, entre otros delitos contra la salud pública, por los que los señalados deben responder ante la justicia.
Entre los letrados personados en la causa destaca el penalista Juan Gonzalo Ospina, abogado experto en delitos contra la salud pública, quien al menos ejerce la defensa de uno de los implicados en la empresa, la cual sorprende por su actividad, dado que está a la espera de entrar en concurso de acreedores.
Las autoridades piden responsabilidades tras la investigación a tres de los implicados, como son el administrador de la empresa, el responsable comercial y el responsable de la trazabilidad y conservación de los productos.