Managua, 15 ago (dpa) – El Gobierno de Nicaragua calificó hoy de «inaceptable» e «injerencista» un grupo de trabajo formado por la OEA para seguir la crisis política en el país, donde millares de personas volvieron a exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega y la excarcelación de unos 500 «presos políticos».

En una nota de prensa, el Gobierno declaró «inaceptable la presencia de la comisión injerencista» de la Organización de Estados Americanos, formada el 9 de agosto por 12 países entre los que figuran Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México.

«El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua declara que los integrantes de esa comisión que conforma y dirige el Gobierno de los Estados Unidos, en el afán de seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua, desde la OEA, no son bienvenidos a nuestro país, por lo tanto no serán recibidos en nuestro suelo patrio», señaló el informe.

La OEA aprobó el 2 de agosto en sesión del Consejo Permanente la formación de un grupo de trabajo para «contribuir a buscar una solución pacífica» a la crisis que ha dejado al menos 450 muertos y 2.800 heridos en Nicaragua.

Ese mismo día, el canciller Denis Moncada advirtió que el grupo no sería recibido en Nicaragua por considerarlo «injerencista».

El 9 de agosto, la OEA dio a conocer que la instancia estará formada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.

La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril y ha dejado 450 muertos, 2.800 heridos y casi 500 detenidos, según ONGs de derechos humanos, que acusan de los crímenes a policías y paramilitares. El Gobierno reconoce 198 muertes y responsabiliza a los opositores a quienes llama «terroristas» y «golpistas”.

Mientras, ondeando banderas de Nicaragua, millares de capitalinos volvieron a salir hoy a las calles para exigir la liberación de los detenidos desde que estallaron las protestas.

«Justicia y libertad para los presos políticos», rezaba una de las pancartas. Otros portaban afiches en los que exigían la salida del poder de Ortega y de su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.

«Se van, se van y nunca volverán», gritaban los manifestantes en alusión a la pareja presidencial. Algunos familiares de prisioneros levantaban sus fotos en alto y clamaban: «Libres se los llevaron, libres los queremos».

La marcha fue convocada por la opositora Alianza Cívica, que aglutina a estudiantes universitarios, empresarios y sociedad civil. Según esa coalición, de casi 500 detenidos, 137 ya han sido acusados judicialmente por delitos graves como terrorismo y crimen organizado.

Los líderes opositores aseguran que los detenidos son «presos políticos» porque no han cometido delitos comunes, sino que fueron arrestados por ejercer su derecho a la protesta y a la manifestación cívica, consignados en la Constitución vigente.

La marcha coincidió con el inicio de un juicio contra los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, arrestados en julio y a quienes la Fiscalía acusa por terrorismo, crimen organizado, secuestro y el presunto asesinato de cuatro policías.

Aunque se había anunciado una audiencia pública, el juez prohibió el ingreso de los periodistas independientes y de un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó a dpa una fuente del organismo adscrito a la OEA.

En tanto, el Parlamento dominado por el oficialismo aprobó este miércoles con urgencia una ley que permitiría al Estado la emisión de bonos financieros para fortalecer el sistema bancario.

La iniciativa busca enfrentar «cualquier tipo de amenaza tanto interna como externa» incluida la quiebra, la salida de depósitos y otros problemas que atenten contra la estabilidad del sistema financiero en tiempos de crisis, explicó el texto oficial.

Según el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión económica del Congreso unicameral, los bonos financieros se emitirían en dólares, a un plazo de 25 años y pagaderos en moneda local.

Mientras, en Washington, la CIDH expresó preocupación por la ola migratoria de nicaragüenses hacia el resto de Centroamérica «como consecuencia de sus opiniones políticas y de las graves violaciones de derechos humanos» en el país.

La emigración también es causada por «la activación de prácticas de persecución y criminalización por parte del Estado nicaragüense y otros actores no estatales, tales como grupos parapoliciales», advirtió la CIDH, que urgió a los estados miembros de la OEA a adoptar medidas de protección para los refugiados.

«En un primer momento la actuación del Estado nicaragüense se caracterizó por reprimir violentamente las protestas, lo cual luego fue evolucionando a la persecución selectiva, detenciones arbitrarias y prácticas de criminalización de disidentes y sus familiares», señaló la relatora de país para Nicaragua, Antonia Urrejola.

«Esto ha ocasionado que miles de personas se hayan visto forzadas a esconderse y desplazarse, incluso llegando al punto de verse forzadas a huir de Nicaragua», advirtió.

Por Gabriela Selser (dpa)