San José, 14 ago (dpa) – El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, cumple este miércoles sus primeros 100 días de Gobierno en medio de una batalla por que la Asamblea Legislativa le apruebe un polémico proyecto de reforma impositiva para enfrentar un severo déficit fiscal que podría llevar al país a un despeñadero financiero, según los expertos.

La lucha y las negociaciones con sectores políticos opositores, sindicales y empresariales se convirtieron en el mayor desvelo del mandatario, quien asumió la presidencia el pasado 8 de mayo y es, con 38 años, el presidente más joven de América Latina.

Se trata de lograr avanzar, sin conseguirlo hasta ahora, en un proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas para encarar un hueco fiscal, un serio problema que Costa Rica arrastra desde hace más de una década.

Según el Banco Central, el déficit fiscal, uno de los más altos en América Latina, podría alcanzar el 7,2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 y el 7,5 por ciento en 2019.

El problema financiero ha obligado a Alvarado, un politólogo, comunicador y escritor, a dejar en segundo plano otros temas que fueron nodales en la campaña y que atrajeron el voto de sectores progresistas durante la segunda ronda electoral, como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la aprobación de un reglamento que posibilite el aborto terapéutico en el país.

En este contexto, el gobernante, que tras el triunfo integró un equipo de Gobierno multipartidista, ha debido navegar en aguas embravecidas.

Los principales partidos de oposición, el socialdemócrata Liberación Nacional (PLN) y Restauración Nacional (RN), que dominan el Parlamento, han obligado a Alvarado a ir rediseñando el proyecto de plan fiscal, que pretende transformar un impuesto de ventas del 13 por ciento en uno al valor agregado por el mismo monto, pero que abarca a la canasta básica,y a los servicios privados de salud y educación.

Al cumplir sus primeros 100 días de Gobierno, el proyecto impositivo de Alvarado, que ya había sido promovido por su antecesor, el también oficialista Luis Guillermo Solís, sigue discutiéndose en la Asamblea Legislativa.

Los debates son lentos, según los intereses de cada partido representado en el Parlamento, a pesar de que la Contralora General de la República, Marta Acosta, alertó la semana pasada de que el país se encontraba al borde del precipicio si no se avala con celeridad las reformas fiscales.

La urgencia de atraer más ingresos a las arcas del Estado enfrenta al mismo tiempo a las fuerzas sindicales con el Gobierno de Alvarado, que tachan al proyecto impositivo de «paquetazo y mamarracho», debido a que también afecta bonificaciones salariales para los empleados del sector público.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, Albino Vargas, advirtió en vísperas de los primeros 100 días que los gremios podrían lanzarse a las calles si la iniciativa fiscal no es sometida a una revisión entre por los principales sectores del país, incluidos los sindicatos, que ya llevaron a cabo dos huelgas, en abril, en vísperas del traspaso de mando, y en julio pasado.

Los sectores empresariales, por su parte, creen que Alvarado se volvió un presidente «monotemático», al colocar el tema fiscal como el gran tema de la agenda nacional.

«La productividad, el desempleo, que supera el 9 por ciento, y la sostenibilidad en la recaudación impositiva, así como una reducción en el gasto publico», son temas que las cámaras empresariales insisten en que sean incluidas de inmediato en la agenda presidencial.

«La verdadera agenda, la dura, la complicada, no es este tema fiscal, sino lo que viene después», advierte Jorge Vargas Cullell, experto del proyecto «Estado de la Nación», que reúne a sectores académicos y hace periódicas radiografías sobre la situación económica y social de Costa Rica.

«Han sido 100 días invertidos en el monotema del plan fiscal», dijo a un diario local el politólogo Pablo Barahona.

En otro plano, la crisis política, la violencia y la represión en la vecina Nicaragua son otro desvelo del Gobierno de Alvarado.

La canciller y primera vicepresidenta, Epsy Campbell, ha levantado la voz en diversos foros internacionales, como la OEA, para denunciar las violaciones de derechos humanos en aquel país, una crisis que ya ha expulsado hacia Costa Rica a casi 30.000 nicaragüenses que se agolpan todos los días frente a las dependencias migratorias para solicitar refugio.

Por Ernesto Ramírez (dpa)