Buenos Aires, 23 jul (dpa) – El presidente Mauricio Macri anunció hoy una reforma del sistema de defensa de Argentina para que las Fuerzas Armadas colaboren en la seguridad interior y custodien objetivos estratégicos, en un giro inédito desde el regreso de la democracia en 1983.

Las Fuerzas Armadas, de acuerdo al nuevo plan oficial, podrían actuar ante agresiones externas de cualquier tipo, no sólo de otro Estado, como establece actualmente la ley. Asimismo, se buscaría blindar las fronteras, en particular las del norte con Paraguay, Bolivia y Brasil, al ingreso del narcotráfico y el terrorismo.

El anuncio presidencial fue criticado por organismos y referentes de derechos humanos y el arco político opositor por considerar que involucrar a los militares en «tareas internas» viola la ley y degrada la democracia.

En un acto en el predio militar de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, Macri subrayó el carácter «democrático» de las Fuerzas Armadas y apostó por su modernización. El presidente argumentó que el sistema de defensa argentino está «desactualizado, producto de años de desinversión y de la ausencia de una política de largo plazo» y con un despliegue territorial «para amenazas antiguas».

Ahora, las Fuerzas Armadas deben enfrentar «los desafíos del siglo XXI», instó el presidente.

«Es importante» que las Fuerzas Armadas «puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de frontera, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico», declaró Macri en la localidad bonaerense de San Miguel.

«Será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y la protección de los objetivos estratégicos, a ellos se agrega el desafío del ciberespacio, tenemos que contar con la capacidad de garantizar la seguridad de los activos e infraestructuras informáticas críticas del sistema de defensa nacional», subrayó el mandatario ante las cúpulas militares. Entre los objetivos estratégicos podrían figurar centrales nucleares o hidroeléctricas y yacimientos de hidrocarburos, entre otros.

No se descarta que los cambios sean realizados a través de decretos presidenciales. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, afirmó que «se necesitarán amplios consensos legislativos para cambiar las leyes de defensa y de seguridad interior», vigentes desde 1988 y 1991, tras la recuperación de la democracia.

El Gobierno debería además anular el decreto 727 firmado en 2006 por el entonces presidente, el peronista Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, que pone límites a la actuación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.

Argentina vivió entre 1976 y 1983 una dictadura cívico-militar liderada por las juntas de las Fuerzas Armadas que apeló a métodos represivos para sostenerse en el poder y dejó 30.000 desaparecidos, según estimaciones de los organismos de derechos humanos.

Por ley, los militares no pueden participar en cuestiones de seguridad interior, que están a cargo de otras fuerzas, entre ellas las policías federal y provinciales, la Gendarmería Nacional (policía militarizada de frontera) y la Prefectura Naval Argentina.

Aguad aclaró en tanto que las Fuerzas Armadas no participarán en acciones contra delitos comunes. «Las Fuerzas Armadas están para defender nuestro territorio, no para luchar contra el delito», subrayó.

El proyecto recibió fuertes críticas. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel remarcó que «Macri quiere involucrar a los militares en tareas internas violando la ley seguridad interior y de defensa». «Otra vez una política ilegal para dañar nuestra democracia. Obedece a lo que EEUU exige de gobiernos serviles de América Latina», sostuvo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió en tanto que «las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en cuestiones de seguridad nacional». Y añadió: «Sin embargo el Gobierno Nacional anunció que hará cambios y romperá un acuerdo de la democracia argentina».

Diputados y senadores del Frente para la Victoria (FPV) opositor denunciaron una «degradación de la democracia y el Estado de Derecho» y afirmaron que «involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos internos es ilegal». Reclamaron asimismo que el tema sea debatido en el Congreso.

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño advirtió en tanto que el Gobierno quiere tener a las Fuerzas Armadas «a mano para utilizarlas en la represión a la protesta social que se multiplicará para enfrentar el duro ajuste que exige el FMI».

Las Fuerzas Armadas de Argentina están integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con un total de 85.000 hombres, pero según informaciones recientes su equipamiento es antiguo o quedó fuera de uso por falta de mantenimiento y recursos. La desaparición en noviembre del submarino ARA «San Juan», con 44 tripulantes a bordo, en el Atlántico Sur, dejó expuesta la crisis que atraviesa el sector militar.

El último desfile militar previsto para el Día de la Independencia, el pasado 9 de julio, fue suspendido por razones presupuestarias, en medio del malestar castrense porque el Gobierno había dispuesto además un aumento salarial para las fuerzas de sólo un 8 por ciento anual, cuando la inflación se estima que superaría en 2018 el 30 por ciento. Finalmente, el incremento fue elevado a un 20 por ciento. «Las fuerzas necesitan contar con salarios y servicios de salud adecuados», subrayó hoy Macri.

Por Cecilia Caminos (dpa)