Managua, 5 jul (dpa) – Un nuevo ataque de policías y paramilitares contra manifestantes civiles dejó hoy tres muertos, 22 heridos y 14 detenidos en la ciudad de León, occidente de Nicaragua, mientras Estados Unidos sancionó por corrupción y violación de derechos humanos a tres altos cargos del Gobierno de Daniel Ortega.

El director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente), Alvaro Leiva, dijo que el ataque en León, 90 kilómetros al oeste de Managua, fue perpetrado por unos 200 policías y elementos armados de civil para retirar las barricadas puestas por manifestantes en el barrio de Sutiaba.

Muchos de los jóvenes detenidos fueron sacados de sus casas con violencia y sin órdenes judiciales de arresto, comentó a dpa el director jurídico del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.

Por su parte, el periodista Aníbal Toruño, director de la emisora Radio Darío, de León, denunció que dos de sus reporteros fueron atacados por paramilitares que los golpearon y posteriormente destruyeron sus equipos de transmisión.

El personal de Radio Darío está protegido por medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La emisora fue incendiada por simpatizantes del Gobierno el 21 de abril, tres días después del inicio de la crisis.

El conflicto ha dejado desde entonces 309 personas muertas y unas 1.500 heridas, según la ANPDH. El Cenidh reporta 220 víctimas y el Gobierno solamente reconoce 47 fallecidos.

Este jueves, Estados Unidos impuso las primeras sanciones contra tres altos cargos de Nicaragua, considerados “el anillo de poder” de Ortega: su consuegro Francisco Díaz, subdirector de la Policía; Francisco López, vicepresidente de la petrolera Albanisa y tesorero del partido FSLN; y Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y muy cercano a la vicepresidenta Rosario Murillo.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado los sancionaron conjuntamente por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Quedan congelados todos los bienes y activos que tengan en Estados Unidos y se prohíbe a todo ciudadano estadounidense hacer transacciones con ellos. También se veta su ingreso al país.

«La violencia perpetrada por el Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y los intentos de aquellos cercanos al régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente son profundamente perturbadores y completamente inaceptables», dijo Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Estados Unidos sólo había aplicado hasta hoy revocaciones de visas en el marco de la crisis, por lo cual las sanciones aprobadas este jueves en el marco de la Ley Global Magnitsky suponen un endurecimiento de la posición de Washington hacia Ortega.

En Managua, dirigentes opositores celebraron la medida de Estados Unidos, como «un acto de justicia» con las víctimas del conflicto.

“Pueblo nicaragüense: ¿dónde haremos la fiesta? Este golazo sí hay que celebrarlo”, escribió en su cuenta de Facebook Víctor Cuadras, dirigente del Movimiento Universitario 19 de Abril (M19A).

Consultada por dpa, la dirigente campesina Francisca Ramírez opinó que las sanciones son “demasiado poco, para las más de 300 personas que han muerto por culpa de Ortega» en menos de tres meses.

“Tenemos la esperanza de que todas las personas que han sido parte de esta masacre, incluyendo sus principales responsables, Daniel Ortega y Rosario Murillo, sean enjuiciados en los tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad”, dijo Ramírez.

Mientras, en Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, exhortó hoy al Gobierno de Nicaragua a que “cese la violencia estatal” y que ponga fin a “la represión” contra manifestantes opositores, en la declaración más enérgica emitida en los últimos dos meses.

“Pido al Gobierno que cese la violencia estatal y desmantele a los elementos armados progubernamentales, quienes de forma creciente han sido responsables de la represión y los ataques. Aquellos que han instigado o permitido que estos elementos armados actúen también deben rendir cuentas ante la Justicia”, subrayó Zeid.

«Urjo a las autoridades a tomar medidas reales para reconocer la gravedad de la situación y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas adecuadas para proteger a la población y evitar más muertes”, insistió.

El Gobierno de Nicaragua no reaccionó a este comunicado ni a las sanciones de Estados Unidos. Tampoco comentó los violentos ataques policiales en León.

“Reafirmamos que Nicaragua quiere vivir en paz, que quiere seguridad, paz y vida. Todos queremos trascender las tinieblas que quisieron imponernos, aquí no hay lugar para el odio”, dijo Rosario Murillo en sus habituales declaraciones diarias por televisión.

Por su parte, en un acto por la independencia de Venezuela en Managua, el canciller Denis Moncada exhortó a los opositores a retirar las barricadas y “tranques” en distintas zonas del país y no hizo mención alguna a lo ocurrido en León.

El diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica (estudiantes, empresarios y sociedad civil) se mantiene virtualmente suspendido, tras la renuencia de Ortega a aceptar un adelanto de las elecciones de 2021 para marzo próximo.

Sin embargo, la comisión de mediación de la Conferencia Episcopal en el diálogo convocó para el próximo lunes a una sesión de trabajo a los miembros de las comisiones Electoral y de Verificación y Seguridad.

Por Gabriela Selser (dpa)