Varsovia, 2 jul (dpa) – Muchos tribunales en Polonia se consideran parciales tras el cambio de magistrados estipulado en el marco de la controvertida reforma del sistema de Justicia que impulsa el Gobierno nacionalista conservador del país. El Tribunal Supremo, considerado el último bastión de independencia, podría estar también ahora a punto de caer.

Los críticos advierten que el gobernante partido Ley y Justicia (PiS) va ahora a por esa institución, donde a partir de mañana tienen que dejar el cargo numerosos magistrados. Un día antes de que ello ocurra, la Comisión Europea abrió hoy un proceso contra el país por violación de las leyes comunitarias, manifestando su preocupación por la independencia de la Justicia en Polonia, con la esperanza de que el Gobierno de Varsovia reconsidere su postura.

La ley del PiS que entró en vigor en abril obliga, a partir del 3 julio, a los jueces de esta corte a jubilarse con 65 en lugar de con 70 años. La disposición afecta actualmente a cerca de un tercio de los magistrados.

Quien quiera seguir en el cargo tendrá que solicitarlo al presidente del país, Andrzej Duda, y presentar informes médicos que certifiquen su estado de salud. El presidente puede demorarse varios meses en contestar, así que lo más probable es que las prejubilaciones se pongan en marcha este mismo mes.

La nueva norma permitiría de facto al jefe de Estado elegir a los magistrados, criticaron los expertos del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. «Nos preocupa que Polonia deje de cumplir los estándares anticorrupción en relación con la independencia de la Justicia», advierten.

En su justificación del proceso, la UE fue más allá: «La Comisión opina que esas medidas violan el principio de independencia de la Justicia» y que Polonia infringe así sus obligaciones derivadas de los Tratados europeos en relación a la Carta de Derechos Fundamentales.

El Gobierno polaco tiene ahora un mes para responder a la carta enviada por la Comisión. El Ejecutivo espera que Varsovia reconsidere su postura y no aplique la nueva norma. Sin embargo, Varsovia defendió su propuesta y anunció que pedirá una aclaración ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para esclarecer los límites a la injerencia de las leyes europeas en los Estados miembro. Un proceso así podría extenderse durante meses.

Se trata del último episodio de un conflicto que dura dos años y que tuvo su punto álgido en diciembre, cuando la Comisión abrió un proceso sancionador en base al artículo 7 por la reforma del sistema judicial polaco.

«Las jubilaciones obligatorias de estos magistrados del Tribunal Supremo suponen una ruptura irreparable del Estado de derecho», criticó también el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans.

El Gobierno polaco no quiere saber nada de críticas. «La fecha del 3 de julio se demoniza», dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Jacek Czaputowicz. Asegura que Polonia ya ha mejorado la ley y se ha acercado a las exigencias de Bruselas.

Y sobre la prolongación en el cargo de los jueces, alega que no es sólo Duda quien decide, sino que tiene que consultar al Consejo Judicial responsable de la elección de magistrados.

Sin embargo, ello no despeja las dudas de Bruselas con respecto a la ruptura del Estado de derecho. Con la reforma del PiS, los miembros del Consejo Judicial han sido elegidos con una fuerte influencia del Parlamento, por lo que también esa institución ya se considera parcial. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional en Varsovia y numerosos tribunales polacos, cuyos presidentes han cambiado gracias a los amplios poderes que le otorga la nueva ley al ministro de Justicia y fiscal general, Zbigniew Ziobro.

La modificación que se hace efectiva este martes afecta a 27 de los 74 jueces del máximo tribunal del país. Dieciséis de ellos ya han solicitado seguir en el cargo, según indica la corte. Muchos de ellos no recurren la ley del PiS, sino que se remiten a la Constitución. Alegan que su continuidad en el cargo está legalmente garantizada y su salida anticipada va contra la ley. «Supone una violación abierta de los gobernantes de una de las garantías básicas de una Justicia independiente», afirma una declaración de los magistrados.

El PiS defiende sus leyes asegurando que con la reforma judicial el país se va a liberar de los jueces corruptos.

Es una excusa, asegura la presidenta del Tribunal Supremo, Malgorzata Gersdorf. «Con todas estas modificaciones en la Justicia no se trata del bienestar, sino únicamente en un cambio de personal», afirma la magistrada de 65 años, cuyo futuro también es incierto.

Por Natalie Skrzypczak (dpa)