La diputada de FORO y portavoz en materia de Desarrollo Rural en la Junta General, Carmen Fernández, finalizadas las Comparecencias que se han desarrollado en la Junta para el desarrollo de la modificación de la Ley de Protección de Espacios Naturales que se está tramitando a petición de FORO, ha manifestado que “el objetivo fundamental de la modificación de la Ley es incluir a representantes de bienes y derechos afectados por la protección del parque en el Consejo Rector de mismo. Si la Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales buscara lo mejor para los Parques Naturales no debería de preocuparse por democratizar las comisiones gestoras de esos espacios. El PSOE teme perder el monopolio de la gestión de los espacios protegidos, como podría ocurrir al ajustar la representatividad en base a la afección de derechos e intereses en los casos en que éstos son mayoritariamente privados”.
Carmen Fernández indicó que “es necesario que los representantes de los bienes y derechos afectados por la protección de los Parques Naturales participen en el órgano ejecutor y lo hagan de manera proporcional a sus afecciones”, y, además, añade la diputada, “se debe estudiar el nombramiento de los vocales municipales y regionales en las Comisiones Rectoras de manera proporcional a la representatividad ciudadana que les concedieron las urnas. La arrogancia del Gobierno socialista le impide el arrepentimiento por haber protagonizado este desprecio a la participación ciudadana, obrando de espaldas a intereses legítimos que, finalmente, han obtenido amparo en los tribunales, hasta tal punto, que ni tan siquiera existe un pronunciamiento desde el Gobierno en el trámite de toma en consideración del sencillo, pero efectivo cambio normativo propuesto por FORO para que se produzca el cambio radical, para convertir la presencia en algo obligatorio, recogido en la Ley”.
La diputada de FORO matiza que “no se puede hablar de duplicidad de órganos entre Junta y Comisión Rectora porque en la Junta el número de miembros es muy superior y las competencias que tiene son distintas; las Juntas deben seguir existiendo como órgano para debatir temas de interés del Parque, mientras que la Comisión es el órgano en el que se han de adoptar las decisiones una vez tratado el tema en la Junta, por eso en éste órgano deben estar los afectados por el Parque, como pretende la modificación de la ley. Es más, la diferencia entre Junta y Comisión Rectora de cualquier Parque Natural asturiano se garantiza en los propios Instrumentos de Gestión”.
Carmen Fernández resaltó que “el problema que se ha evidenciado como consecuencia de la anulación de los dos IGI’s por los tribunales, no es otro que la pérdida de subvenciones por no tener Instrumento de Gestión y la falta de responsabilidad del Gobierno, que no asume su autoría y por lo tanto no va a remediar está perdida como correspondería. Si los IGI’s se han anulado por el mal hacer de la Consejería, ahora deberían compensar los daños que esto supone económicamente a los territorios afectados”.
