La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido que la armonización fiscal es «fiel» al espíritu del 28 de febrero, porque lo que se pretende es la «igualdad», que «los ciudadanos paguen lo mismo vivan donde y vivan y que no se ponga en peligro que puedan abrir en sus territorios los hospitales, colegios y centros de salud en las mismas condiciones».

En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, Díaz ha destacado que «la autonomía tiene sentido en la defensa de la igualdad» y en la garantía de los servicios públicos, al tiempo que ha vuelto a denunciar que «Andalucía está mal financiada».

La presidenta ha incidido en que «para mantener los servicios públicos, hay que tener autonomía fiscal» y ha dejado claro que no va a «permitir que con el pago en especies, enfrentando y engañando a ciudadanos y territorios, se ponga en cuestión la suficiencia financiera de Andalucía para mantener los servicios públicos».

«En este país, los ciudadanos tienen que tener la garantía de que pueden vivir donde quieren y que no tengan que hacerlo en función de la capacidad tributaria de esas comunidades», ha señalado la presidenta, que ha incidido en que, para ello, es necesario que los territorios tengan «suficiencia financiera» para prestar los servicios públicos.

Sin embargo, según Susana Díaz, a día de hoy «hay comunidades mal financiadas y lo que no puede ser es que se levanten banderas que supongan enfrentamientos entre ciudadanos y territorios, manipulando y confundiendo».

En el caso del Impuesto de Sucesiones, Díaz ha recordado que «el único competente» para su supresión es el Gobierno central, tal y como establece la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y recoge asimismo el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 178.2.

Susana Díaz ha abogado por que el Ejecutivo central, si lo desea, suprima el Impuesto de Sucesiones y compense a las comunidades autónomas, pero ha rechazado tanto que se lleven a cabo «bonificaciones sistemáticas» a los más ricos que recaigan sobre los hombros de «aquellos que intentan sacar día a día con dignidad a sus familias adelante» como que haya comunidades mejor financiadas que practiquen «dumping fiscal».

Por otro lado, la presidenta de la Junta ha defendido que todos los contratos que está sacando a concurso el Gobierno andaluz recogen ya las cláusulas sociales, y que está en funcionamiento la comisión de seguimiento para evaluar su grado de cumplimiento.

De esta forma, el Ejecutivo andaluz llega al «límite» de sus posibilidades a la hora de paliar las consecuencias de la «nefasta» reforma laboral en las empresas que contratan con la Administración, garantizando que «junto al rendimiento económico haya un rendimiento social, que se blinden los servicios públicos y que sean eficaces y, por encima de todo, que eso permita garantizar la igualdad de todos los ciudadanos».

Asimismo, Susana Díaz ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz para que «cuanto antes» se impulse el Pacto de Estado contra la violencia machista, «por humanidad, por sensibilidad y por compromiso con el derecho a la vida».

Según Díaz, Andalucía mantiene un compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y para la lucha contra la violencia de género desde el punto de vista presupuestario -con 45 millones este año a estas partidas-; de infraestructuras –con 471 plazas en centros de acogida- y de diálogo, tanto desde el Parlamento como a través del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.