El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha escenificado este miércoles la falta de acuerdo entre el partido mayoritario y los dos grupos en la oposición en materia de minería, que sí ha conseguido el consenso unánime en otros momentos de la Legislatura, ya que mientras el PP ha pedido ajustarse a los compromisos del Plan del Carbón con una exigencia expresa al Gobierno para que cumpla lo pactado los socialistas han abogado por ir más allá a través de un «conjunto amplio de medidas» a corto, medio y largo plazo para que la Junta no se inhiba en la solución «que está en sus manos» a los problemas que vive el sector.
«No vamos a consentir algo que no obliga ni ata a nada», ha advertido la procuradora proponente, la socialista Ángela Marqués, quien ha acusado al PP de haber «mancillado» y tomado el consenso «en vano» a lo largo de estos cuatro años de Legislatura en los que, según sus palabras, el grupo mayoritario sólo ha apoyado a la gente de las cuencas mineras cuando salía a la calle para olvidarse de lo pactado cuando los manifestantes volvían a sus casas.
En este sentido, Marqués, que hoy se ha despedido como procuradora ya que encabezará la lista del PSOE al Ayuntamiento de Ponferrada (León), ha aprovechado sus últimas palabras en el Pleno para asegurar que si es elegida alcaldesa no dejará solos a los mineros que tendrán en ella «una aliada incondicional», por lo que ha sido apercibida por la presidenta de las Cortes, Josefa García Cirac.
«Estoy harta de su pachorra y de su doble moral», ha espetado Marqués a la bancada ‘popular’ y a los integrantes de la Junta de Castilla y León a los que ha acusado de haber realizado todos los esfuerzos para apoyar a los trabajadores de Campofrío tras el incendio de la fábrica burgalesa el pasado mes de noviembre sin haber hecho lo mismo para el carbón cuando, a su juicio, debería ser considerado una «cuestión de Estado».
Marqués ha expresado su profundo pesar por el rechazado del PP a la «hoja de ruta» propuesta por el Grupo Socialista en el último pleno de las Cortes para dar estabilidad y paz a un sector en agonía por los «ataques» del Gobierno de Mariano Rajoy, entre las que se incluye, entre otras, acudir a la vía judicial para que el Ejecutivo central pague las cuantías del anterior Plan del Carbón y por la que Asturias ha conseguido 213 millones de euros.
Desde las filas del PP, la procuradora María del Mar González Pereda ha apelado al consenso también en este pleno en defensa de la supervivencia del carbón en las comarcas mineras de Castilla y León pero ha rechazado los diez puntos del «programa de energía» propuesto por los socialistas para ajustarse al cumplimiento de los compromisos del Plan del Carbón 2013-2018 firmado entre el Ministerio, la patronal, Carbounión y los sindicatos.
FIRME DEFENSA DEL SECTOR
«Es más necesario que nunca votar por consenso y abandonar la confrontación por el bien de la Comunidad», ha reclamado la ‘popular’, quien se ha mostrado firme en la defensa de un sector estratégico para Castilla y León como se ha manifestado, ha asegurado, en la carta remitida el pasado 2 de marzo por el presidente Herrera al ministro de Industria, José Manuel Soria, para que cumpla, sea diligente y actúe con previsión. «No se si todos podríamos decir lo mismo», ha ironizado la procuradora en referencia a la posición del secretario de Organización del PSOE, César Luena, sobre este sector.
Por parte del Grupo Mixto, su portavoz, José María González, de IU, ha votado a favor de la PNL del PSOE por responsabilidad, coherencia y «mucha satisfacción personal» por cerrar sus últimas intervenciones en las Cortes con la defensa del carbón en Castilla y León, un asunto que ha reconocido llevar en su AND, aunque ha expresado su temor de que si no cambian quienes están al frente de las políticas no van a cambiar las políticas que están acabando a su juicio con la minería.
«No queremos paisaje sin paisanaje», ha advertido González, que ha cargado contra el PP por no haber puesto en marcha los acuerdos unánimes alcanzados en las Cortes en defensa del sector del carbón en lo que ha considerado una muestra más de la sumisión de la Junta al Gobierno de la nación ante el que se arrodilla.
En su opinión, la Junta de Castilla y León se ha comportado en este asunto como un «alumno obediente y sin criterio propio» para cumplir programas ajenos mientras otros países de la UE recuperan sus minas. «El PP ha acabado por cargarse el carbón con todas las consecuencias y está mirando hacia ninguna parte ante la difícil situación que viven las familias mineras por el impago de las nóminas», ha sentenciado.
