El abogado general de la UE ve ilegal el examen de integración para los residentes extranjeros

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10161410wBruselas, 28 ene (EFE).- El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Maciej Szpunar afirmó hoy que va contra el principio de proporcionalidad del Derecho europeo que un inmigrante extracomunitario residente de larga duración en un Estado miembro tenga que aprobar un examen de integración en la sociedad.

En cambio, señaló que no es incompatible con la legalidad europea imponer a estos residentes de larga duración una «obligación de integración», siempre y cuando ésta «no constituya un requisito para mantener su estatuto».

Según una directiva de 2003, los Estados miembros concederán el estatuto de residente de larga duración a los nacionales de terceros países que hayan residido legal e ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.

Al mismo tiempo, los Estados miembros pueden exigir que estas personas cumplan los requisitos de integración conforme a la normativa nacional.

No obstante, la directiva no precisa si puede imponerse a la persona esa obligación de integración una vez adquirido dicho estatuto y, en su caso, en qué medida.

En esta ocasión, el abogado estudió los casos remitidos por el Tribunal Supremo neerlandés de una estadounidense y una neozelandesa a las que, tras haber adquirido el estatuto de residentes de larga duración en Holanda, se les exigió aprobar un examen para demostrar su «integración» en el país.

Estas personas consideraron que, por ser residentes de larga duración, no están sujetas a la «obligación de integración».

En sus conclusiones presentadas hoy, el jurista comunitario indica que la directiva europea no excluye que los Estados miembros puedan establecer medidas de integración para los residentes de larga duración.

En su opinión, establecer medidas de integración para residentes de larga duración no es contrario a los objetivos que persigue la directiva, puesto que dichas medidas «están dirigidas exclusivamente a integrar a los residentes de larga duración en la vida social y económica del Estado de residencia».

Sin embargo, considera que las disposiciones nacionales que impongan la obligación de integración como requisito para mantener el estatuto de residente de larga duración o para ejercer los derechos relacionados con él, son contrarias a la directiva.

Además, señala que las disposiciones nacionales también deben respetar el principio de proporcionalidad, por lo que la obligación de integración «no puede dificultar de manera desproporcionada el ejercicio de los derechos derivados de dicho estatuto por los residentes de larga duración».

Así, el abogado apunta a que «un examen obligatorio de los conocimientos del idioma o de la sociedad no contribuye a conseguir el objetivo de las medidas de integración, que es facilitar la integración en la sociedad de la persona interesada».

Por lo tanto, «imponer la obligación de realizar un examen de integración adultera la propia esencia de las medidas de integración», que a su juicio «deberían promover la socialización en vez de establecer requisitos de cualificación relacionados con la residencia en el Estado miembro».

«No cabe duda de que una persona que vive desde hace tiempo en un Estado determinado ha tejido forzosamente una red de vínculos de integración a través de la familia, el trabajo ejercido, la vida vecinal o una afición», concluyó.