Avilés, 16 dic (EFE).- El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés ha abordado hoy las condiciones de adquisición, por mutuo acuerdo, de los bienes y derechos afectados por el expediente expropiatorio iniciado para la ejecución de las obras de accesos ferroviarios a los muelles de la margen derecha de la ría.
El Consejo aprobó el pasado 29 de abril el proyecto de accesos ferroviarios a los muelles de la margen derecha, incluyendo la relación de fincas a ocupar para su ejecución.
A tal fin, la Autoridad Portuaria ha mantenido negociaciones con las dos empresas afectadas por este trámite expropiatorio, y tras los informes de valoración realizados por técnicos independientes, se ha alcanzado un principio de acuerdo.
El acuerdo consistiría en la adquisición de la parcela propiedad de ArcelorMittal por un importe de 249.985 euros y el solar afectado del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en 315.000 euros.
Por otra parte, el Consejo ha abordado una propuesta de adjudicación de las obras de dragado de mantenimiento en el puerto para el periodo de 2015 a 2019, en el marco de la licitación conjunta realizada con el puerto de Santander.
El pasado 16 de septiembre se inició el expediente de contratación con un importe máximo de 2.946.919 euros, sin IVA.
Se han presentado dos ofertas, ambas admitidas a trámite, por parte de DRAVOSA (2.407.500 euros sin IVA), y de RHODE NIELSEN (2.062.843 euros sin IVA).
Asimismo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, ha querido trasladar al Consejo de Administración la preocupación por la situación que vive la planta avilesina de Alcoa.
La Autoridad Portuaria explica en una nota que Alcoa, «al no haber conseguido ningún servicio de interrumpibilidad eléctrica en la subasta convocada por el Ministerio de Industria, ve gravemente amenazada su competitividad, generando una seria incertidumbre sobre su viabilidad y sobre el empleo y la actividad económica en toda la comarca».
La entidad portuaria ve urgente no sólo la convocatoria de la nueva subasta de interrumpibilidad y la retirada de los expedientes de regulación de empleo, «sino también buscar fórmulas que aporten estabilidad de los coste energéticos a más largo plazo».
