San José, 22 abr (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, firmó hoy la Ley de Investigaciones Biomédicas tras «cuatro años de oscurantismo», en los que no estuvo permitido investigar en seres humanos.
«Me siento satisfecha de poder firmar esta ley en mi administración, pero fueron cuatro años de oscurantismo», dijo.
Chinchilla, quien finalizará su mandato el próximo 8 de mayo, calificó de «verdadera pesadilla» el lento trámite legislativo que afrontó la ley hasta que fue aprobada en segunda y última votación el 7 de abril.
En 2010, la Sala Constitucional prohibió las investigaciones biomédicas debido a los débiles controles y regulaciones con los que contaba el país.
«Hubo un impacto negativo en un área en la que Costa Rica era líder. Tuvimos una parálisis en áreas en la que Costa Rica era pionera como son la investigación y la innovación», indicó Chinchilla.
El 20 de marzo, la Sala Constitucional determinó que la nueva ley no choca con la Constitución Política, en una cerrada votación de 4 a 3.
El Gobierno costarricense apoyó la ley, pues considera que potenciará el crecimiento científico y empresarial del país con apego a la normativa internacional y orientada a la promoción de la salud y la dignidad humana.
La ley establece al Consejo Nacional de Investigación en Salud, adscrito al Ministerio de Salud, como ente fiscalizador de los ensayos, pero los opositores a la ley consideran una falta ética y de independencia que los interesados en investigar paguen a esa entidad un canon establecido en la legislación.
Quienes se oponían a la iniciativa, especialmente un grupo de diputados y organizaciones que protegen derechos de personas discapacitadas, señalaron que la ley no cuenta con controles suficientes sobre los ensayos y contiene faltas éticas.
Consideran que la ley no regula adecuadamente la investigación biomédica con seres humanos en materia de salud relativa al genoma, el proteoma y las células madre y que permite la experimentación en personas discapacitadas, con la autorización de su representante legal.
Datos del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas (ICIC) indican que, después de la prohibición de 2010, unos 20 centros de investigación fueron cerrados, cerca de 200 personas perdieron su empleo y hubo una fuga de talentos a otros países de la región que ahora suponen una fuerte competencia, como Panamá y Guatemala.
Antes de la prohibición, en Costa Rica se desarrollaron unas 200 investigaciones clínicas, las cuales derivaron en la creación de unos 25 medicamentos para el tratamiento de enfermedades como el asma, la hipertensión, el cáncer, la diabetes y el VIH, según el ICIC.