Islamabad, 27 feb (EFE).- Varios de los paquistaníes condenados en España en 2009 por querer atentar en el metro de Barcelona exigieron hoy en Islamabad la revisión del caso y reivindicaron su inocencia de los cargos que les costaron seis años de prisión.
«Vamos a pedir al Supremo que reabra el caso y que se realice una nueva investigación en la que se revisen bien las pruebas», afirmó a Efe uno de los convictos, Jan Mohamed Tariq, tras una rueda de prensa en la que denunciaron irregularidades en el juicio.
En 2009, la Audiencia Nacional consideró probado que los acusados formaban una célula radical y que tenían la intención de atacar el suburbano barcelonés y provocar un elevado número de víctimas.
La Justicia condenó a diez ciudadanos paquistaníes y a uno indio por integración en organización terrorista, y a dos de ellos también por tenencia de explosivos, aunque el Supremo rebajó un año después las penas y decretó la absolución por el segundo delito.
Tras la rebaja del máximo Tribunal, de ocho a seis años para la mayoría de los implicados, nueve de ellos salieron en libertad el pasado enero al haber completado su pena, que computaba desde su arresto en la Ciudad Condal en 2008.
Ocho de ellos, siete paquistaníes y un indio, fueron deportados casi inmediatamente, mientras que dos continúan en prisión -uno saldrá en junio y otro, el considerado líder del grupo, en 2016- y el undécimo, de nacionalidad española, permanece en España.
«Si no conseguimos el amparo en el Supremo, iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo», afirmó Tariq, quien como sus colegas aseguró «no guardar resentimiento hacia España» a pesar de sus denuncias de no haber tenido un juicio justo.
Según los condenados, sus abogados no estaban suficientemente preparados, no tuvieron en cuenta sus testimonios y la investigación careció del rigor suficiente.
El principal testigo de cargo fue un informante protegido que afirmó conocer la trama para atentar contra el metro de Barcelona, aunque la falta de pruebas definitivas sobre los preparativos llevó a la Audiencia a descartar el delito de conspiración terrorista.
En 2011, un cable filtrado por Wikileaks apuntó a la posibilidad de que el testigo protegido fuera en realidad un agente encubierto de un país extranjero, pero el Tribunal Supremo no lo consideró motivo suficiente para revisar las condenas.
