San Juan, 14 feb (dpa) – Las recientes informaciones sobre la situación económica y fiscal de Puerto Rico han atraído la atención internacional, pero los problemas de esta isla caribeña en “sociedad” política con Estados Unidos no son nuevos.

De hecho, la bajada de la nota a la deuda por parte de tres calificadoras de riesgo no sorprendió a muchos en el país de 3,7 millones de habitantes.

Puerto Rico atraviesa por una recesión económica desde 2006. En el origen de esa debilidad están los problemas presupuestarios y la práctica de tomar prestado para cubrir las deficiencias de ingresos.

La isla disfrutó de una bonanza económica por décadas, aunque con alzas y bajas, hasta el inicio de la década del 2000, cuando su economía comenzó a dar muestras de rezago y las tasas de crecimiento eran cada vez más reducidas.

Muchos economistas y comentaristas locales afirman que ese viraje se produjo a mediados de los 90, cuando el Congreso de Estados Unidos, con el concurso del gobierno local de turno, eliminó un importante beneficio contributivo del que disfrutaban las empresas norteamericanas que invertían y operaban en Puerto Rico: la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

Dicho incentivo fue el último importante de una serie de atractivos a la inversión que el gobierno de Estados Unidos concedió a su Estado Libre Asociado, nombre con el que se bautizó la relación política que tiene Puerto Rico con Estados Unidos.

Este vínculo comenzó en 1898, cuando fuerzas militares norteamericanas invadieron la Isla, hasta entonces una colonia de España. Tras medio siglo de gobierno norteamericano directo, en 1952 se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la que se reconoce una limitada autonomía al gobierno puertorriqueño para atender asuntos insulares, pero el Congreso norteamericano retuvo su soberanía sobre el territorio.

Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos, viajan con pasaporte norteamericano, no requieren visa para entrar a ese país, mientras que el gobierno estadounidense controla el acceso aéreo, marítimo y las comunicaciones, entre muchas otras áreas de la vida de este pueblo latinoamericano y caribeño.

El mejor momento económico de Puerto Rico fue durante la década de los 60, cuando su economía lograba tasas de crecimiento anual que superaban el 6,0 por ciento. Ya para la siguienta década esa capacidad se ve reducida, pero todavía la economía crecía, aunque a tasas anuales más cercanas al tres por ciento.

Diferentes eventos, como una severa recesión en Estados Unidos, el alza en los precios de los combustibles y las primeras muestras de que el modelo económico tenía problemas estructurales, hicieron de la década de los 80 una que evidenciaba ya la debilidad económica del país.

La Sección 936 fue derogada en 1996, pero se dio un plazo de 10 años para su total eliminación. El fin de ese periodo coincide precisamente con la fecha que se fija como inicio de la presente recesión económica.

Mientras se debilitaba la capacidad productiva del país, sus gobiernos mantenían su ritmo de gastos y dádivas, que financiaron cada vez más con deuda pública.

La otra fuente de recursos fueron, y aún son, las aportaciones que hace el gobierno federal de Estados Unidos para programas de infraestructura y de beneficencia social. Esas aportaciones y pagos superaron los 20.000 millones de dólares al año durante la pasada década.

El mayor crecimiento de la deuda pública se produjo durante la pasada década, cuando ésta prácticamente se triplicó. Según los datos del propio gobierno, aumentó de 24.200 millones de dólares en el 2000 a 70.000 millones en 2012.

Los últimos dos gobiernos han estado batallando con la amenaza de la degradación de su crédito, por lo que los nombres de Moody’s y de Standard & Poor’s, las dos principales casas evaluadoras del crédito de Puerto Rico, se convirtieron en temas comunes en las noticias y las comunicaciones locales.

Cada una de las pasadas cuatro últimas administraciones, que se gan ido alternando entre los dos partidos principales, el Nuevo Progresista (PNP, favorable a la anexión por parte de EEUU) y el Popular Democrático (PPD, que defiende el Estado Libre Asociado), ha denunciado a su llegada al poder el déficit presupuestario que le dejó la anterior. Y ha hecho de la eliminación de ese problema una prioridad.

Y cada una de ellas -con excepción de la actual, del PPD, que apenas lleva un año y a la que la crisis le ha impedido acudir al mercado de bonos- ha dejado un país más endeudado a su salida.

La pasada administración decretó una crisis fiscal y tomó medidas drásticas para atenderla, entre las que incluyó un despido masivo de empleados públicos, combinado con incentivos para el retiro y la renuncia, que redujo la plantilla gubernamental en cerca de 30.000 personas.

A su salida del gobierno en enero de 2013 dejaba atrás, sin embargo, un gran déficit presupuestario y un aumento en la deuda pública en 12.000 millones de dólares, la mayor jamás generada por gobierno alguno en su periodo de cuatro años.

Fueron varias las advertencias de las calificadoras. A la llegada de la presente administración en enero de 2013 la amenaza de una degradación a nivel especulativo o “chatarra” estaba latente. En su primer año de gobierno tomó medidas drásticas, tales como la aprobación de 1.800 millones de dólares en impuestos adicionales, principalmente al sector empresarial, y la reforma de los dos principales sistemas de retiro de los empleados públicos del país.

Esas y otras medidas, unidas a repetidas reuniones con los responsables de las empresas evaluadoras, no evitaron, sin embargo, la degradación del crédito. La primera fue Standard & Poor’s, le siguió Moodys Investment esta semana y luego Fitch, para completar el cuadro.

Para el puertorriqueño medio, la situación es preocupante, pero todavía no siente un impacto directo sobre su vida cotidiana. Sin embargo, las proyecciones son de más recortes de gastos gubernamentales y menor liquidez para el desarrollo de obra pública, lo que en su momento impactará sobre amplios sectores de la población.

Por Antonio Gómez