El Gobierno de España, en manos del Partido Popular ha lanzado una nueva agresión a la ciudadanía con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Los Ayuntamiento han sido desde su democratización en 1979 la administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera adecuada sus demandas y la que ha estado más atenta a las necesidades de los más necesitados.
Se trata de justificar la reforma desde la reducción de la deuda y los gastos de las administraciones públicas, para de esta manera recortar las libertades y la participación democrática.
La deuda de los Ayuntamientos supone un 3% del Producto Interior Bruto de España frente al 97% del resto de las administraciones autonómicas y gobierno central.
Por ello, no parece que sea suficiente motivo para reformar el funcionamiento de los Ayuntamientos.
Lo que pretende el gobierno del P.P. es convertir a los Ayuntamientos en una apéndice de los gobiernos central y autonómico, suprimiendo la autonomía local y favoreciendo las Diputaciones Provinciales (en Asturias su competencia la desarrolla el gobierno autonómico).
La fuerte imposición ideológica del gobierno del P.P. nos hace caminar hacia una sociedad menos democrática y menos solidaria. Relega a los Ayuntamientos a una condición de meros gestores administrativos, perdiendo capacidad de decisión política democrática.
En los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, como el nuestro, la autonomía coordinará los servicios de recogida y tratamientos de residuos, limpieza, agua potable, accesos viarios, etc.
Es este, un proceso de marginación política y degradación de los Ayuntamientos, que hará que la ciudadanía siga perdiendo derechos.
Ángel Riego.
