El día 13 de Julio de 2012 (hace algo más de un año) el Gobierno de Rajoy aprobó un paquete de medidas de Reforma de la Ley de la Dependencia, que con el aparente objetivo de “garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” no hicieron otra cosa que desvirtuar la Ley.
Las medidas tomadas están encaminadas a privatizar los servicios y a expulsar del sistema de la Dependencia a miles de personas que no podrán costear estos servicios.
Sus medidas suponen, además, un ajuste de durísimas consecuencias sociales ya que serán miles de familias en dificultades las que verán reducido su nivel de asistencia además de tener que pagar más en concepto de copago.
Las medidas aprobadas en esa Reforma pueden resumirse en:
- Reducción de la cuantía de la paga a las cuidadoras en el entorno familiar en un 15% y su baja en la seguridad social.
- Suspender la incorporación de dependientes de grado I hasta Julio de 2015 (claro está si no lo modifican antes).
- Reducción del servicio de ayuda a domicilio.
- Aumento del Copago y
- Reducción de las aportaciones del Gobierno de España a nuestra comunidad autónoma.
Los efectos de la Reforma se empiezan a ver ahora, un año después.
Las medidas de esta reforma ponen en peligro los principios de igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios, la equidad en la atención a los ciudadanos y la universalidad de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Como se aprecia, la Reforma de la Ley es tremendamente injusta para cientos de personas cuyas pensiones no les permiten ni tan siquiera pagar el mínimo de 20 € por el servicio de ayuda a domicilio.
En España hay hoy 24.233 personas dependientes atendidas menos que en Julio de 2012 : esta es la realidad de la Reforma de la Ley de la Dependencia del Gobierno del Partido Popular.
Por Ángel Riego.
