Lima, 18 nov (dpa) – El Perú quedó hoy a la espera de que Uruguay anuncie oficialmente si le da asilo al ex presidente Alan García, quien lo pidió desde la casa del embajador uruguayo en Lima, después de que la Justicia le prohibiera salir del país por presunta corrupción.

La situación es confusa por versiones discrepantes atribuidas al canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa. Según el diario «El País», de Montevideo, el ministro respondió con un «sí» tajante sobre la procedencia del asilo, aunque para medios peruanos indicó que el tema está en análisis.

Entretanto, el frontis de la casa del embajador Carlos Barros era escenario de manifestaciones en pro y en contra de García, con incidentes en medio de los cuales fue golpeado con patadas el ex vicepresidente del Perú Luis Alva Castro, quien fue al jefe del histórico Partido Aprista Peruano (PAP).

García, de 69 años, presidente de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, entró a la casa de Barros la noche del sábado en busca de asilo, poco después de ser notificado de que por disposición del juez Juan Carlos Sánchez, que actuó a pedido del fiscal José Domingo Pérez, no podrá salir del Perú por 18 meses mientras responde por presuntos nexos ilegales con la constructora brasileña Odebrecht.

Hasta ese momento, García había prometido enfrentar las acciones judiciales porque, asegura, no tiene nada que temer.

Según dirigentes del PAP como el parlamentario Mauricio Mulder, el asilo fue un consejo del partido, pues supuestamente la intención de la Fiscalía era forzar una prisión preventiva en donde la vida del ex gobernante correría peligro. Según el abogado defensor, Erasmo Rayna, la detención se preparaba para la próxima semana.

García ha vivido los últimos meses en España junto a su pareja y el menor de sus seis hijos, pero el jueves regresó a Lima para un interrogatorio de Pérez que al final se suspendió. En el interín, el impedimiento de salida lo dejó atrapado.

Ese mismo jueves, el portal peruano IDL Reporteros, responsable de muchos destapes sobre Odebrecht, presentó documentación de que la constructora, implicada en corrupción en 12 países, le dio 100.000 dólares supuestamente mimetizados como pago por una conferencia dicta en Sao Paulo.

La revelación podría ser la punta del iceberg de la corrupción que según pesquisas aún no concluyentes desataron Odebrecht y otras empresas de Brasil en el segundo mandato de García.

Para García, quien recurre al asilo por segunda vez en su vida, lo que hay es una «persecución política» impulsada por el presidente liberal Martín Vizcarra con ayuda de «comnistas».

Vizcarra niega cualquier persecución y destaca que la Justicia es autónoma en los casos que tienen prófugo al ex presidente Alejandro Toledo, con impedimiento de salida del país a los ex mandatarios Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski y en prisión preventiva a la principal líder de oposición, Keiko Fujimori.

En 1992, poco después del «autogolpe» de Alberto Fujimori, García escapó a un intento ilegal de encarcelamiento y llegó hasta a la casa del entonces embajador de Colombia, país que le dio asilo.

García vivió protegido entre Bogotá y París hasta 2000, cuando volvió al Perú con Fujimori caído y con las acusaciones en contra prescritas, vencidas de plazo para judicializarlas.

Pese al desgaste de su su primer mandato, caracterizado por el caos económico y la violencia, García renació políticamente y regresó a la presidencia, aunque esta vez con un ideario de derechas totalmente opuesto al de su primer período.

Lo único en que se asemejaron las dos administraciones, destacan analistas, es que ambas fueron objeto de constantes señalamientos por presunta corrupción.

Por Rosmery Cueva Sáenz y Gonzalo Ruiz Tovar (dpa)