La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado en el Pleno del Parlamento de Andalucía que las ayudas económicas familiares (destinadas a la atención de las necesidades básicas de menores de familias en situación de vulnerabilidad económica) atenderán este año a 22.000 familias y 41.000 menores en Andalucía.
Sánchez Rubio ha resaltado el compromiso de este Gobierno con el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, «en el que se han implicado numerosas consejerías, con una batería múltiple de medidas, servicios y ayudas al objeto de facilitar que las mujeres y hombres de Andalucía puedan optar libremente y sin condicionamientos económicos o personales, a formar el tipo de familia que deseen».
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha resaltado, entre otras medidas, el incremento presupuestario para las subvenciones concedidas por tercer hijo y partos múltiples, que ha pasado de 1,6 millones de euros el pasado año a casi seis millones de euros para 2017, «por lo que estamos haciendo un esfuerzo para poner al día dichas ayudas», ha asegurado.
Además, la consejera ha subrayado el II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía, «con el que se garantiza la inclusión de la perspectiva de infancia en todas las políticas públicas y se refuerzan las medidas para garantizar los derechos de las niñas y los niños, con un presupuesto total en 2017 de 338 millones de euros».
Por otra parte, Sánchez Rubio ha recordado las medidas puestas en marcha en el Decreto de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Solidaridad, que destinará en 2017 más de 154 millones de euros que beneficiarán a casi 375.000 personas en Andalucía. La consejera ha detallado, por una parte, el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación, a través del cual se realizarán 26.450 contratos en Andalucía; así como el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, que concederá 28.870 ayudas en Andalucía. Además, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria, del que se beneficiarán más 31.100 menores en Andalucía, o el Ingreso Mínimo de Solidaridad, que prevé atender a 42.500 unidades familiares y 106.700 personas beneficiarias en Andalucía.
Sánchez Rubio ha citado también la importancia dentro de las familias de las acciones dirigidas a las personas mayores y personas con discapacidad, como son la adecuación funcional básica de vivienda, los programas de estancia diurna y de respiro familiar, los centros residenciales, los centros de día y el servicio de comedor y el Plan de Alzheimer.
En lo relativo a las actuaciones llevadas a cabo de forma multidisciplinar desde las distintas consejerías en relación al Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha destacado las acciones que se llevan a cabo desde otras consejerías, como la Estrategia de Atención Temprana para menores de seis años con trastornos de desarrollo o riesgo de padecerlo, el Plan de Apertura de Centros Educativos, la gratuidad de los libros de enseñanza obligatoria, gratuidad del transporte escolar y las ayudas individualizadas, el refuerzo y la lucha contra absentismo o el mantenimiento del sistema de becas.
Mejoras en la mediación
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales ha informado, por otra parte, sobre los cambios introducidos en el sistema extrajudicial de resolución de conflictos tras la modificación del reglamento que lo regula para adaptarlo a las normativas comunitaria y estatal.
Entre las novedades, ha destacado la extensión de la gratuidad del servicio de mediación familiar a las familias numerosas de categoría especial y a las personas con discapacidad. Para ello, se aumenta el nivel mínimo de ingresos requerido a ambos colectivos pasándose de un mínimo de cuatro a cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). De este modo, se equipara a los requisitos exigidos para la asistencia jurídica gratuita. También se reconoce la exención de pago a las unidades familiares con menores de edad a su cargo y mayores extutelados hasta los 25 años.
Sánchez Rubio ha resaltado también que se reconocen nuevas modalidades de unidad familiar para acceder a la mediación gratuita, incorporando como tales a las formadas por el padre, la madre o ambos y los hijos mayores de edad, siempre que dependan económicamente de sus progenitores. Estas figuras se suman a las ya reconocidas en el anterior decreto como personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad.
El procedimiento para la exención de pago también está abierto cuando haya menores en la unidad familiar que tengan o hayan tenido medida de guarda o tutela por la entidad pública. Respecto a los menores ha hecho especial hincapié en que la nueva normativa establece y regula el derecho de los menores a ser oídos y escuchados en el proceso de mediación.
Por último, otros cambios introducidos afectan a la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, que pasa a ser voluntaria y, además, de acuerdo con las exigencias de la normativa europea, se abre a cualquier tipo de titulación oficial universitaria (licenciatura, diplomatura y grado) y de formación profesional superior. En cuanto a la formación, a partir de la nueva normativa, el mínimo de horas exigible va a variar dependiendo de si la inscripción es sólo a efectos de publicidad e información o si es para formar parte del sistema de turnos para la prestación del servicio, que gestionan las delegaciones territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
