Madrid, 25 abr (dpa) – ¿En qué consiste, exactamente, el terrorismo? La pregunta abierta ya en 2001 en Occidente tras los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York centra ahora un intenso debate en España, donde una serie de acusaciones y juicios enfrentan a la opinión pública, los partidos y los organismos internacionales.
La polémica volvió a primer plano sobre todo por un juicio que se celebra hasta el viernes en la Audiencia Nacional en Madrid por una brutal agresión multitudinaria sufrida en octubre de 2016 por dos guardias civiles y sus respectivas parejas en la localidad navarra de Alsasua, norte de España.
La fiscalía solicita penas que suman 375 años de cárcel para los ocho acusados -tres de ellos en prisión preventiva- por delitos de terrorismo. Sostiene además que forman parte de un movimiento inspirado en una campaña del grupo armado ETA en los años 70 para expulsar a los guardias civiles del País Vasco.
El caso dividió aguas desde que se hizo público hace un año. «Es una irresponsabilidad decir que es terrorismo porque las víctimas sean guardias civiles», dijo entonces Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos, que denunció «un proceso judicial injusto y desproporcionado» y consideró por eso «víctimas» a los agresores.
Por el contrario, el filósofo Fernando Savater, nacido en País Vasco y amenazado durante años por ETA, apoyó la acusación esta semana en el diario «El País»: «Terrorismo es utilizar la intimidación violenta para imponer ideas políticas o impedirlas. Frivolizan el terrorismo quienes lo reducen a la bomba lapa y el tiro en la nuca».
El debate llegó a organismos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que pidió sin medias tintas retirar los cargos de terrorismo en este juicio concreto. El tema, sin embargo, está lejos de resultar una novedad para la organización.
Amnistía viene mostrando su preocupación por la definición «ambigua e imprecisa» de terrorismo que figura en el Código Penal español, sobre todo tras una controvertida reforma impulsada en 2015 por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy para ampliar los supuestos que pueden castigarse como terroristas.
El nuevo texto menciona como ejemplos de terrorismo también «desórdenes públicos» o «delitos contra el patrimonio» que busquen «obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo», «desestabilizar el funcionamiento de una organización internacional» o incluso «alterar gravemente la paz pública».
Combinada con una controvertida «Ley de protección de la seguridad ciudadana» impulsada también por el Gobierno de Rajoy y conocida por sus críticos como «Ley mordaza» por los límites que impone, España viene asistiendo a una ola de denuncias y condenas polémicas a raperos, tuiteros, artistas e incluso titiriteros.
«Hemos constatado que España no escapa a la tendencia global de restringir la libertad para expresarse y manifestarse», explicó recientemente a la agencia dpa Beatriz Perales, responsable de campañas e investigación de la sección española de AI. «Protestar, incluso a través de las redes sociales, es cada vez más difícil».
El inicio del juicio por la agresión de Alsasua a mediados de abril coincidió con otro episodio polémico: una coordinadora de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos civiles que impulsan la independencia de Cataluña, fue detenida por terrorismo y rebelión tras promover cortes de carretera y otras acciones.
La coordinadora quedó pronto en libertad, pero los CDR usaron su caso para vincularlo al de Alsasua y arremeter contra el Estado español. «Es parte de la misma estrategia que, desgraciadamente, a día de hoy conocemos bastante bien en Cataluña: criminalizar la disidencia con falsas acusaciones policiales», señalaron el martes en un comunicado.
El debate, aún abierto, no se da en cualquier país: España es uno de los miembros de la Unión Europea (UE) que más sufrieron en carne propia el terrorismo, tanto de corte islamista -los atentados de 2004 en Madrid son los peores en suelo europeo- como el etarra, que dejó más de 850 muertos en medio siglo de violencia.
«Quizá nos ha faltado explicar que dentro del concepto genérico de terrorismo hay distintos niveles y circunstancias», explicó en medio de la polémica el ministro de Justicia, Rafael Catalá. «La alteración de la convivencia mediante la violencia con fin político es terrorismo y tiene grados distintos».
La polémica promete seguir marcando la agenda pública en España al tocar de forma lateral dos temas que dominarán la actualidad del país las próximas semanas: la evolución de la crisis abierta por el plan independentista en Cataluña y la disolución definitiva que ETA anunciará al parecer en mayo tras 50 años de violencia.
Por Pablo Sanguinetti (dpa)