El diputado de FORO en la Junta General y portavoz de justicia, Pedro Leal, manifestó esta mañana su preocupación por el abandono que sigue practicando hacia la administración de justicia el Gobierno asturiano al señalar que “la justicia asturiana sigue con carencia de recursos, personal insuficiente e instalaciones inadecuadas ante la pasividad del Gobierno de Javier Fernández, dejando de lado el conjunto de problemas que la afectan, viendo cómo trascurre el tiempo sin adoptar medidas para poner fin a esta situación”.
“La justicia asturiana –advirtió Pedro Leal- necesita contar con medios personales y materiales adecuados al siglo XXI, adecuar las instalaciones y proveerlas de las preceptivas medidas de seguridad; no es normal que a una fiscal le sustraigan su bolso en dependencias judiciales”.
Según comenta Leal, “las habituales quejas de jueces y magistrados, fiscales, letrados de la administración y los funcionarios de justicia son habitualmente desoídas por el gobierno asturiano. Las actuaciones del Gobierno de Asturias se limitan a las obras para adecuar el Juzgado mixto de Piloña, y a pesar de estar presupuestado, desconocemos cuando se abordará la situación del juzgado de Luarca y, por supuesto, tampoco se prevé acometer la reunificación de las sedes judiciales en Oviedo, y la única inversión que se prevé a corto a plazo se refieren a obras de mantenimiento urgente debidas fundamentalmente al abandono de las sedes judiciales desde el año 2012”.
“El desconocimiento de la auténtica situación de las infraestructuras judiciales le lleva al Gobierno de Javier Fernández –indicó Leal- a anunciar la redacción del proyecto de la nueva sede judicial en Langreo, por valor de 126.000 euros, cuando dicho proyecto básico ya existe y fue presentado el 29 de abril de 2011 por la entonces Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos Rubiera, junto con la Alcaldesa de Langreo de aquel momento, Esther Díaz García, en plena campaña electoral, que según sus propias palabras, estaría operativo en el año 2013; pero estamos en 2017 y se desconoce cuándo comenzarán estas obras. El nuevo edificio se ubicaría en la calle La Nalona de Sama de Langreo, en una parcela de 11.139 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, en el año 2011”.
“En cuanto a la actualización y modernización de medios informáticos, aún estamos lejos de cubrir las necesidades de los órganos judiciales, y las dotaciones recibidas en este campo son insuficientes, que no ponen fin a las deficiencias estructurales de la justicia asturiana”, añadió.
A esto “debemos añadir que hay un problema patente de insuficiencia de personal, que no se puede solucionar únicamente, como pretende el Consejero de Presidencia, con medidas puntuales de refuerzo y apoyo en algunos casos muy específicos, lo que no garantiza la eficacia ni eficiencia en la prestación de un servicio esencial como es la justicia, lo que es una nueva muestra del desprecio socialista por la Administración de Justicia que se remonta a 2006, cuando Asturias asumió una parte de las competencias, el resto en 2009, y con una huelga de por medio en 2008 por la falta de compromiso de Areces que aún mantiene el Gobierno socialista. Los trabajadores de la justicia asturiana son los peor pagados del conjunto de España, en los que a la falta de complemento autonómico desde 2006, podemos sumar que no están cumpliendo los compromisos adquiridos con el Ministerio en lo relativo al pago de la incapacidad temporal; no se ofrece una formación continua adecuada, no se han adaptado las plantillas ni las guardias a las reformas procesales y se incumple sistemáticamente la Ley de Prevención de Riesgo Laborales”, dijo.
“En pleno siglo XXI –continuó el diputado de FORO-, resulta lamentable que la justicia asturiana en su conjunto mendigue por los medios materiales más elementales para más de 110 órganos jurisdiccionales, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal. Estamos en julio del año 2017 y aún seguimos esperando por el prometido Plan de Infraestructuras Judiciales 2015-25, al que se remitió el Consejero de Presidencia en diciembre de 2015, a los que debemos añadir las necesidades que se enumeran en los informes del TSJA y de la Fiscalía. Es una cuestión de voluntad y establecimiento de prioridades, y a día de hoy, la justicia no es un asunto preferente para el gobierno asturiano, anunciando actuaciones que suponen parches para enmascarar la realidad auténtica de la administración de justicia en nuestra región”, concluyó Pedro Leal.