El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha adherido a la propuesta de la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones (MERP) para blindar constitucionalmente las pensiones y garantizar de esa forma se poder adquisitivo.
Se ha unido así a las 95 personalidades de la cultura, las artes, la ciencia y el deporte que ya se han sumado a esta iniciativa.
A su juicio, conseguir que en la Constitución se prohíba expresamente la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones es una propuesta «justa» que debería suscribir «cualquier persona medianamente decente y solidaria».
Revilla se ha reunido hoy con representantes de la MERP, de la que forman parte 170 organizaciones, a los que ha traslado su compromiso de defender su iniciativa como presidente de Cantabria y como secretario general del PRC.
En su opinión, si con el artículo 135 se ha blindado el endeudamiento, también se tendría que poder blindar que los jubilados mantengan su capacidad de compra y no vean mermadas unas pensiones que «en muchos casos son ridículas».
Revilla defenderá públicamente una idea que considera de «absoluta sensatez» y sobre las que las fuerzas políticas, ha dicho, deberían alcanzar la unanimidad. Además apoyará todas las iniciativas que con este objetivo se presenten en el Parlamento de Cantabria y en los ayuntamientos de la región.
El presidente ha defendido que «hay dinero suficiente» para que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones «si se quita de cosas superfluas» y si, entre otras medidas, se persigue el fraude. También ha felicitado a los promotores de la plataforma y ha destacado su pluralidad y que sea «gente joven» la que está impulsando esta iniciativa.
Según ha explicado el portavoz de la MERP, Joanen Cunyat, la plataforma ha conseguido más de 700.000 firmas de apoyo y ha presentado su propuesta en 55 ayuntamientos que suman 11 millones de habitantes.
Su objetivo es llegar a más de la mitad de la población de España el próximo mes.
La plataforma, que también llevará su propuesta a los parlamentos, reclama que en la Constitución se prohíba de forma expresa la privatización del sistema público de pensiones y cualquier medida que merme el poder adquisitivo de los pensionistas.