8:36 am - Domingo Marzo 26, 2017

Guillermo Martínez defiende el Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno

NBNoticias

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha calificado hoy el Proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno de “ambicioso, moderno y avanzado” y ha asegurado que “supera ampliamente las obligaciones determinadas por la normativa básica de ámbito estatal en materia de publicidad activa”. Martínez, que ha comparecido ante la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana de la Junta General, ha asegurado que con esta iniciativa el Ejecutivo asturiano demuestra su compromiso de alcanzar una Administración con “bolsillos de cristal”.

El titular de Presidencia ha reiterado la voluntad de diálogo del Ejecutivo con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante una ley “especialmente sensible para la ciudadanía” y necesaria “para reforzar la confianza de la sociedad en las instituciones, al articular herramientas y mecanismos para regular y promover la regeneración democrática”.

El Principado, que ya publicó en 2012 el patrimonio del presidente y de los consejeros, una información que sólo habían difundido otras cuatro comunidades, ha ampliado desde entonces el conjunto de datos que comparte, antes incluso de que el Estado regulara la publicidad activa en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y superando ampliamente sus obligaciones. Así, el Ejecutivo asturiano informa en su Portal de Transparencia de las retribuciones del personal eventual, junto con la relación nominal, su grupo y nivel. También se pueden consultar los gastos de viajes institucionales, el parque móvil, la relación de puestos de trabajo, las declaraciones de bienes y actividades y las nóminas del Gobierno.

Además, son accesibles las listas de espera diagnósticas, los informes de publicidad institucional, las encomiendas de gestión, los convenios y subvenciones por consejerías, las encuestas de calidad del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), la relación de bienes inmuebles, los datos sobre calidad del aire y la dirección de correo electrónico del presidente y los consejeros, hasta superar el centenar de datos.

Índice de Transparencia

Este esfuerzo por dotar a la Administración de la máxima transparencia posible, que se reflejó en la propia estructura del Gobierno con la creación de Dirección General de Participación Ciudadana, se ha plasmado en “un catálogo de informaciones organizadas de manera clara, accesible y en formatos reutilizables, que permitió en 2014 cumplir con sobresaliente el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas y no sólo conservarlo en 2016, sino mejorarlo en casi cuatro puntos”, ha destacado el consejero.

El proyecto se articula sobre cuatro ejes:

  • La publicidad activa.
  • El derecho de acceso a la información.
  • El buen gobierno.
  • Los mecanismos de garantía para cumplir los objetivos previstos.

Tras su publicación hace un año en el Boletín Oficial del Principado se abrió un proceso de información pública en el que participaron más de 80 colectivos, asociaciones y organizaciones, a los que el consejero ha trasladado hoy su “agradecimiento por todas las aportaciones”. Cuenta, además, con el preceptivo informe de impacto de género y con el informe del Consejo de Transparencia del Gobierno de España.

En materia de publicidad activa, la norma amplía los sujetos obligados, incluye diez bloques informativos y 124 contenidos de obligada publicación frente a los 3 bloques y 33 epígrafes de la estatal. Además, eleva el nivel de exigencia en la obligación de información por parte de las entidades privadas de los fondos públicos que reciben, a partir de un umbral igual o superior a los 30.000 euros anuales, frente a los 100.000 euros de la regulación del Estado.

Incorpora también los contratos menores a partir de 1.500 euros, así como los gastos de representación y protocolarios, las agendas institucionales de los titulares de órganos directivos del sector público y de los órganos de asesoramiento y apoyo. Asimismo, establece un régimen sancionador para altos cargos y personas asimiladas que puede conllevar el cese, un máximo de diez años de inhabilitación y multas de hasta 100.000 euros para los sujetos privados.

En materia de buen gobierno, contempla la aprobación de un código ético para los altos cargos y asimilados, habilita un canal ético para denunciar presuntas conductas irregulares o incumplimientos normativos y constituye, con carácter reservado, el registro de actividades y el registro de bienes y derechos patrimoniales de altos cargos y asimilados.

Prohibición de retribuciones adicionales

La normativa prohíbe, además, las retribuciones adicionales para altos cargos del sector público autonómico en virtud de los nombramientos o designaciones que les correspondan por razón de su puesto, lo que supone que no percibirán dietas por asistencia a reuniones de empresas, fundaciones o entes de cuyos órganos de dirección formen parte.

Para velar por su cumplimiento incluye varias herramientas. En la estructura interna del Gobierno, se crean las unidades de transparencia en cada consejería y un órgano con rango de dirección general para el seguimiento y evaluación de las políticas en esta materia. Adscritos al Ejecutivo, como organismos autónomos con independencia funcional, se pondrán en marcha el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo presidente será propuesto por la Junta General por mayoría de dos tercios y, dentro de éste, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, la tercera de España después de las de Cataluña y Galicia.

La ley será de obligado cumplimiento para el Gobierno autonómico, las entidades locales, los organismos y entes públicos dependientes de las administraciones autonómicas y municipales, la Universidad de Oviedo, las corporaciones de derecho público (cámaras de comercio, colegios profesionales…), las sociedades mercantiles en cuyo capital social sea mayoritaria la participación de la Administración del Principado o las entidades locales, las fundaciones y entes del sector público, las asociaciones de administraciones públicas, con excepción de aquellas en las que participe la Administración del Estado; la Junta General y en su calidad de órganos auxiliares, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo. En relación con la publicidad activa, la ley también se aplicará a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito autonómico, las federaciones de partidos, las agrupaciones de electores y las fundaciones que dependan de ellos, así como a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 30.000 euros o cuando, al menos, el 40% del total de sus ingresos alcancen un mínimo de 3.000 euros.

Los ciudadanos podrán consultar en el Portal de Transparencia del Principado los siguientes bloques de datos:

  • El organigrama de la Administración, con el perfil de los titulares y su trayectoria profesional.
  • Los catálogos de puestos de trabajo, liberados sindicales y agendas.
  • Los currículos profesionales y académicos de altos cargos, con su identificación y retribuciones.
  • Los planes y programas con sus objetivos, medios y tiempo de consecución.
  • Los anteproyectos de ley, memorias y procedimientos administrativos.
  • La relación de personas beneficiarias de las subvenciones y ayudas públicas.
  • Las subcontratas de las obras públicas.
  • Los nombramientos de libre designación, su remuneración y las causas de los ceses si se producen.
  • Los contratos menores de más de 1.500 euros.
  • Los presupuestos detallados, informes trimestrales de ejecución y cuentas anuales de los entes que forman parte del sector público.
  • Los ingresos y gastos por habitante, gastos de personal y su porcentaje sobre el total.

Martínez ha asegurado que la orientación del Gobierno asturiano ha estado marcada siempre por el modelo de gobernanza que ha inspirado esta ley y que “sitúa a la ciudadanía en el centro de todas las acciones en aras a una gestión de las políticas públicas realmente transparente”. En su opinión, esta normativa “sienta las bases para la construcción de una cultura basada en la ética y en la ejemplaridad de los comportamientos con la que se pretende acercar las instituciones a la sociedad”.

 

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