Gijón, 30 sep (EFE).- El PSOE de Gijón ha asegurado hoy que el anterior equipo de gobierno municipal denegó la licencia de apertura a Forum Sport en el año 2009 «en aplicación de directrices» de la comunidad autónoma para el fomento del pequeño comercio.
En un comunicado, el PSOE ha admitido que la sentencia que reconoce a la empresa que gestiona grandes superficies de equipamiento deportivo el derecho a indemnización «es una mala noticia para la ciudad».
«La denegación de la licencia se fundamentó en la aplicación de las directrices sectoriales en materia de comercio de la Comunidad Autónoma que promueven el mantenimiento del pequeño comercio urbano frente al desarrollo de grandes superficies en la periferia», destaca el comunicado.
El PSOE ha añadido que esas directrices se fundamentan en que el pequeño comercio «crea tejido urbano, promueve el empleo y favorece un modelo de ciudad cohesionado y sostenible».
«Por ello las directrices rechazaban la posibilidad de implantar grandes superficies de comercio minorista en suelo industrial», añade el texto.
Destaca además que «el hecho de que el Plan General de Ordenación fuera anterior a las directrices sectoriales favoreció las reclamaciones de Forum Sport en los tribunales.
EL PSOE ha asegurado que «se actuó pensando en el interés de la ciudad y en el del pequeño comercio en particular».
«Queremos creer que, a pesar de las agrias reflexiones que han hecho los responsables de Foro, ellos en esas circunstancias hubieran actuado igual», ha agregado.
El PSOE ha considerado que Foro, que gobierna el Ayuntamiento de Gijón, «trata de «sacar ventaja de este asunto, teniendo en cuenta que hay una demora injustificada en el pago de la indemnización, que está establecida por sentencia firme desde mayo de 2014 y genera intereses»
«¿Por qué la Concejalía de Hacienda no ha pagado aun esta indemnización?, pregunta en el comunicado.
El PSOE ha afirmado que el teniente de alcalde, Rafael Felgueroso, «en su nefasta gestión» de la Empresa Municipal de Aguas «ha obligado a la empresa al pago de 200.000 euros por despidos improcedentes.
«Su gestión urbanística ha provocado que, en vía administrativa, se hayan presentado en el Ayuntamiento reclamaciones por importe superior a 37 millones de euros», ha añadido.