El Ejecutivo ha dado luz verde al decreto que permitirá aplicar el copago a todos los residentes del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) declarados dependientes antes de 2011. De esta forma, el Gobierno autonómico podrá atajar la desigualdad generada en las liquidaciones de servicios de algunos usuarios que no se beneficiaron del copago previsto en la ley de la dependencia y dar cumplimiento a la moción aprobada por el Parlamento –convertida en ley en noviembre de 2016- en la que se instaba al Principado a revisar las deudas e impulsar una auditoría.
En septiembre, una vez entre en vigor el nuevo texto legal tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), la Consejería de Servicios y Derechos Sociales iniciará el procedimiento para calcular el copago; es decir, la participación en el coste del servicio residencial que corresponde a cada uno de los expedientes afectados por esta situación. Posteriormente, el ERA girará las liquidaciones.
El nuevo decreto, que no ha recibido alegaciones en el proceso de información pública, afectará a 2.850 expedientes de liquidación de servicios distribuidos del siguiente modo:
– 2.338 ya liquidados que fueron objeto de una auditoría interna en los pasados meses y que habrá que reenviar a los usuarios o familias.
– 512 que no fueron objeto de liquidación al quedar paralizados tras el mandato de la Junta General y a la espera del nuevo decreto.
Si bien el plazo legal máximo para determinar el copago de los afectados es de seis meses, el proceso de revisión podría agilizarse, puesto que cerca del 90% de las personas afectadas autorizaron en su día a la Administración autonómica a recabar sus datos de manera electrónica. Por este motivo, el Principado pretende iniciar la devolución de las cantidades abonadas en exceso, unos 5,8 millones de euros, antes de fin de año.